Desde las postrimerías del siglo XIX, el llamado “oro negro” fue un tema de discusión en la agenda pública de nuestro país.

Ya en el Congreso Constituyente de 1917, algunos defensores de la soberanía nacional pugnaban por nacionalizar el petróleo; no obstante, la redacción del artículo 27 no alcanzó tales niveles y se mantuvo la intervención del capital extranjero.

Sin embargo, la semilla sembrada en los acalorados debates de la época dejaría un halo de nacionalismo que tarde o temprano germinaría.

Justamente, sería en el sexenio de Lázaro Cárdenas, que el 18 de marzo de 1938 se decretaría la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria de hidrocarburos.

Esa misma tarde, las bases petroleras serían ocupadas por el Ejército mexicano, en señal de que se había terminado el saqueo y el abuso del capital extranjero, y que había iniciado la reivindicación de la soberanía nacional.

La medida, radical y aplaudida en su momento, fue el sello distintivo de su administración, un sexenio que se caracterizó por una política económica proteccionista, nacionalista y casi, socialista.

Derivado de ese evento histórico, nacería Petróleos Mexicanos; posiblemente la empresa paraestatal más importante de nuestro país.

A lo largo de su historia, Pemex ha sido utilizada con varios fines: políticos, económicos e, incluso, electorales. Además, su naturaleza jurídica ha ido modificándose, pasando de ser un organismo desconcentrado, después descentralizado, para ahora ser una empresa productiva del Estado.

La paulatina separación de Pemex de la estructura central, le ha permitido mayor dinamismo y competitividad. Ese fue el objetivo planteado en la reforma energética de 2013, y el sentido de la política de hidrocarburos en los últimos cinco años.

No obstante, es bien sabido que el gobierno federal, bajo el lema de la cuarta transformación, tiene la intención de dar marcha atrás a la reforma energética, reintegrando a Pemex a su estado original.

En ese contexto, hoy Pemex enfrenta una nueva amenaza, el “huachicoleo”, y bajo la justificación de combatir a ese “enemigo invisible”, cuyas ramificaciones al parecer se extienden a todos los niveles y en todos los ámbitos; se ha enviado nuevamente al Ejército mexicano a tomar las instalaciones, con la firme convicción de terminar con el saqueo y el abuso, para reivindicar otra vez la soberanía nacional.

Lo anterior, junto con otras acciones, ha traído efectos secundarios que han terminado afectando a la población, como el desabasto de combustible en varios estados del país.

Así pues, comparto el objetivo: acabar con tales prácticas, pues el robo a combustible ha alcanzado tales proporciones que debe ser extraído de raíz; sin embargo, en mi opinión, se debe actuar con responsabilidad, de forma certera, con acciones que efectivamente acaben con el ilícito y que no afecten a la población.

Acciones que no nos lleven al proteccionismo de los años cuarenta; pues a mi modo de ver, es mejor ver hacía el futuro que vivir en el pasado.