La salvaguarda estratégica de los ductos que transportan hidrocarburos es una tarea de seguridad nacional, y a su vez se ha utilizado para desfalcar a Pemex, aprovecharse de la discrecionalidad para adjudicar contratos de forma directa y también para adquirir aeronaves que se usaron para beneficio personal, como en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
Pemex invierte al año miles de millones de pesos en equipo de protección, en tecnología de punta para monitoreo y en unidades especiales de transportación terrestre para acudir a los puntos en los que se detecta una extracción.
Los objetivos y montos de inversión no son cuestionables, sobre todo en un país donde el llamado huachicol se convirtió en una de las actividades prioritarias para el crimen organizado, pero sí lo son las formas con la que Pemex se hace de estos recursos, con multimillonarias adjudicaciones directas que benefician a empresas cuestionadas, algunas señaladas de corrupción.
En agosto pasado, la Subdirección de Servicios Corporativos de Pemex entregó mediante Adjudicación Directa un contrato por más de 5 mil 356 millones de pesos para el Servicio de Transportación Terrestre para Salvaguardia Estratégica, Seguridad Nacional y Combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos.
La beneficiaria del negocio fue la firma de arrendamiento vehicular Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., que será la encargada de proveer a la empresa de Octavio Romero dichos servicios, los cuales, amparados por el contrato con clave PMX-2021-97-59, estarán vigentes hasta el 31 de julio de 2024, es decir, prácticamente hasta finalizar el sexenio.
El procedimiento de Adjudicación Directa, archivado bajo la nomenclatura 2021-97-PMX- SA_PC_GCSS- SASSO-AD-N-S, se justifica presuntamente con los Artículos 75 y 77 último párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos, los cuales, en su texto más sólido, únicamente establecen que “cuando, por excepción, el concurso abierto no sea idóneo para asegurar las mejores condiciones, se podrán emplear los demás procedimientos que determine el Consejo de Administración”.
Entre los documentos a los que tuvo acceso esta columna se encuentra el reporte de suficiencia presupuestaria que la Unidad de Servicios Consolidados de Pemex realizó para este procedimiento, el cual, identificado con la solicitud de pedido 8000185538 y firmado por la jefa de la Unidad de Servicio, Sofía Mireya González Arro, consideraba únicamente que el presupuesto adecuado para este servicio, en sus tres años de vigencia, era de poco más de 632 millones, una cifra que representa apenas 12% de los recursos que se comprometieron en la adjudicación.
Lumo ha sido señalada previamente de participar en licitaciones simuladas desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, un modus operandi que le había permitido acumular 164 contratos con la administración pública, para sumar montos totales de negocio que rebasaban los 3 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, su suerte llegó con la administración de Andrés Manuel López Obrador con el contrato de más de 5 mil millones de pesos.
Lumo Financiera del Centro es una empresa que se constituyó el 20 de junio de 2011, justo en los tiempos en que el priista Peña Nieto dejaba la gubernatura del Estado de México y se preparaba para competir por la presidencia de la República. Su propietario es Luis Humberto Montaño García, quien se desempeñó a principios de siglo como diputado suplente del PRI y, además, fue director de Administración y Finanzas de la Función Registral del Edomex en los tiempos de la administración peñista.
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