La instalación de la LXIV Legislatura federal abre la posibilidad de la conformación, silenciosa y discreta, de una nueva “telebancada” que se incruste en comisiones clave con el objetivo de preservar o fortalecer intereses del duopolio de la televisión por encima del interés público, pese a las promesas de cambio y el inicio del primer sexenio donde el Ejecutivo federal proviene de la “izquierda” política.

Personajes como Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera —en el Senado—, Sergio Mayer, hermanas y familiares de exgobernadores, así como Jorge Emilio González —del PVEM— y otros diputados federales en San Lázaro, recién iniciados en sus funciones el martes 28 de agosto, no auguran un cambio en el proceder del Poder Legislativo.

La renovación del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, no fue acompañada con el rejuvenecimiento del promedio de edad ni con la posibilidad de ver nuevos rostros o nombres en la mayoría de los 628 integrantes del Legislativo federal. Al contrario, todos los partidos políticos, incluido Morena, presumieron viejos cuadros de las elites que han estado en el poder del país durante los últimos 35 años.

Ante este panorama, cualquier ciudadano puede preguntarse qué clase de “renovación” de la clase política implicó la instalación de la LXIV Legislatura. Valdría la pena cuestionar, exigir y estar al pendiente de rubros más específicos en materia de legislación, como las telecomunicaciones, la urgente regulación de la publicidad oficial y otros temas en materia de radiodifusión y derechos de las audiencias que falta fortalecer en el marco jurídico.

El peligro de una nueva edición de la “telebancada”, legisladores al servicio de los intereses de Televisa y TV Azteca, y otros medios de comunicación electrónicos en este país, es latente y merece la pena advertirse. ¿Se imagina usted los perjuicios y el daño que traería en el ramo que Rafael Moreno Valle presidiera la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en el Senado de la República? ¿O a Sergio Mayer en una comisión de la materia en San Lázaro?

Vuelvo al caso de Moreno Valle. Su historial político en Puebla y su intento, fallido, de alcanzar la candidatura a la Presidencia de la República, es un ejemplo de un exmandatario que se olvida de sus gobernados con base en el despilfarro de recursos públicos en la televisión y la radio, vía la publicidad oficial, para buscar otro objetivo político.

La regulación de la publicidad oficial continúa siendo un pendiente de legislar, aunque formalmente el Congreso cumplió y respondió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia antes del 30 de abril, con lo que denominaron “Ley General de Comunicación Social”, que sigue dejando discrecional su contratación y, por ende, abre la puerta a contratos y convenios millonarios con recursos públicos de por medio.

Además de los concesionarios de los principales medios comerciales de este país, otros personajes que sonrieron y que recibieron con gusto el articulado de esta ley fueron los gobernadores de los estados. No se les acaba el negocio ni la “minita de oro” en la relación prensa-poder y sus resortes perversos.

Por ello, buscan colocar a familiares, incondicionales o gente cercana a ellos como legisladores locales o federales, para cuidarles las espaldas y que no salgan afectados en temas como la publicidad oficial. En el caso de la LXIV Legislatura aparecen apellidos como Patrón Laviada y otros más que nos recuerdan a exgobernadores de estados del país.

En el tema de la publicidad oficial, y ahora que anunció su tercer informe de gobierno para el lunes 10 de septiembre, valdría la pena que el mandatario Francisco Domínguez Servién informe y transparente el gasto de él y su administración han hecho en publicidad oficial durante el tiempo que lleva del sexenio. Ciudadanos exigimos y pedimos que esta información se haga pública.