Participación, no consulta | Querétaro

Participación, no consulta

José Rubinstein

La atención pública ha sido acaparada por temas relacionados con la Guardia Nacional y su incorporación a la secretaría de la Defensa Nacional, con la injerencia del Ejército en la tragedia de Ayotzinapa además de la aprobación del Senado a ampliar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta 2028.

La novedad es que AMLO anticipándose a la conclusión del debate de reforma constitucional en curso en el Senado, en franca intromisión en las funciones del constituyente permanente, propuso la realización de un ejercicio de participación ciudadana —no vinculante— sin la intervención del INE. Dicho ejercicio estaría programado para el domingo 22 enero de 2023 y no sería una consulta ciudadana —¿cómo que no?— porque entonces tendría que ser organizado por el despreciado INE, además, la encargada de organizar el evento sería la secretaría de Gobernación —juez y parte— apoyada en el conteo de un comité ciudadano —es decir, pueblo participativo— que daría a conocer los resultados al día siguiente. La pregunta medular de las tres que se efectuarían sería si se está de acuerdo en que el Ejército y la Marina continúen hasta marzo de 2028 participando en tareas de seguridad pública.

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, de inmediato criticó el propósito del Ejecutivo de realizar una consulta ciudadana cuando aún se ignora el resultado del debate de una reforma constitucional en curso, lo cual significa una intromisión en las funciones del constituyente permanente.  

Los coordinadores parlamentarios de Morena, del PRI, del PT y PVEM, reclamaron a Santiago Creel haberse pronunciado contra el presidente López Obrador a nombre de toda la Cámara y “presionar a legisladores para aprobar la reforma que busca ampliar el periodo del Ejército en las calles. 

AMLO es proclive a seguir en campaña, se siente cómodo participando e elecciones, se mueve a sus anchas en la plaza pública. De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Ciudadana el presente asunto no es susceptible de someterse a consulta, lo cual no parece ser un obstáculo para el hábil primer mandatario, aun cuando organismos internacionales de Derechos Humanos se manifiesten en contrario. Otorgar poder a militares sobre la sociedad civil representa un alto riesgo, su formación castrense y la disciplina militar complicaría situaciones manejables, podría violentarse el estado de derecho saltándose el principio de presunción de inocencia, omitiendo presentaciones de órdenes de cateo. La seguridad pública a cargo del ejército sería propensa a vulnerar Derechos Humanos. 

Analista político

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