El debate en torno a la reforma energética, iniciativa presentada el pasado 1 de octubre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, prefigura una lucha sin cuartel entre dos proyectos de país encontrados. Uno que defiende la idea de que el Estado mexicano debe tener el control de los recursos energéticos, frente a quienes consideran que la generación y suministro de la energía eléctrica tendría que resolverse en la dinámica del mercado.

La confrontación entre estos dos modelos no es una cuestión menor. Sintetiza la pugna entre el proyecto de transformación impulsado por el actual presidente y los grupos de interés que facilitaron durante décadas las condiciones para instrumentar políticas neoliberales en México.

Detener la reforma energética promovida por López Obrador constituye el punto de arranque de la oposición para mostrar a la población que cuenta con un proyecto de nación. Proyecto que elabora de manera “reactiva” ante las acciones de un gobierno que cuestiona el establecimiento de un esquema de racionalidad financiera que acotó las funciones y actividades públicas, particularmente las relacionadas con el bienestar social.

Los argumentos de la oposición remiten a una discusión que tuvo lugar en los 70 que pretenden convertir en actual. Afirman que la intromisión estatal en el sistema de precios y producción de bienes y servicios es la que deteriora la estabilidad y los equilibrios “naturales” del mercado, al romper la igualdad entre los agentes económicos que actúan racionalmente.

Con estas consideraciones aseguran que la participación del Estado en la economía, vinculada a políticas sociales y actividades productivas, impide que el sistema económico se autorregule, lo que deriva en daños colaterales al producir distorsiones en el mercado y alterar con esto las relaciones sociales. Continúan apostando por la reorientación del gasto público y la privatización de activos públicos para avanzar en la solución de la crisis económica y financiera que actualmente atravesamos.

Al sostener su discurso sobre los planteamientos desarrollados décadas atrás, los grupos opositores olvidan que en aquel momento el modelo neoliberal tomó fuerza frente al fracaso de las políticas keynesianas de redistribución del ingreso, resultado de la crisis del capitalismo y la recesión mundial de la década de 1970. Pero, las condiciones presentes son distintas.

En las actuales circunstancias económicas y políticas mundiales se requiere de un Estado que funcione de manera eficaz y eficiente.

Apostar por la existencia de un Estado “mínimo”, es un error. La intervención económica y social desplegada por el Estado, lejos de impedir el desarrollo, prefigura una respuesta al agotamiento del programa económico neoliberal. Estado y mercado se convierten en los protagonistas de una reconstrucción económica y social menos excluyente y más igualitaria. Paradójicamente, la reforma energética considerada un retroceso nacionalista apunta en esta dirección.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale