Los homicidios han sido uno de los asuntos dominantes de la semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido al tema en al menos dos de sus encuentros mañaneros con la prensa. En ambos casos, hizo referencia a cifras (muy probablemente incorrectas) y en una de las dos ocasiones, afirmó que los homicidios ya venían a la baja.
No es casualidad que el Presidente se preocupe por el tema. Los niveles de violencia homicida en el país son aterradores: el año pasado se registraron más de 32 mil homicidios (en la cuenta de Inegi). Al ritmo actual, vamos a cerrar el año con más de 37 mil. Se trata además de un fenómeno que afecta primordialmente a jóvenes pobres y con bajos niveles educativos (https://bit.ly/2E7hPsR).
Ante la magnitud del problema, resulta positivo que el nuevo gobierno lo asuma como una prioridad. Lo que no es tan positivo es que carezca de una política específica para afrontar el reto. El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 tiene muchas propuestas que tal vez pudieran impactar el número de homicidios (regulación de drogas, política social, justicia transicional, etc.), pero todas operarían de manera indirecta. No hay nada en el plan orientado directa y concretamente a reducir el número de asesinatos.
Ante esa carencia, los responsables de la política de seguridad del nuevo gobierno harían bien en recuperar algunas de las ideas presentadas el año pasado por el colectivo #MxSinHomicidios. Así las resumen en su página de internet (http://www.mexicosinhomicidios.org):
1. Garantizar la procuración de justicia y reducción de la impunidad a través de unidades especializadas de investigación de homicidios y política criminal.
2. Desarrollar programas de prevención prioritaria, tales como estrategias de atención y reinserción de adolescentes en conflicto con la ley, la utilización de terapias cognitivo conductuales, así como sanciones asertivas y eficaces para atender violencia doméstica.
3. Aplicar un modelo de policía orientada a la solución de problemas, que incorpore el uso de herramientas de georreferenciación y análisis criminal, las cuales faciliten la priorización e identificación de zonas críticas, así como de los factores de riesgo que deben atenderse en cada localidad
4. Mejorar la calidad y desagregación de la información relativa al homicidio.
5. Fortalecer la aplicación de programas de desarme y regulación de armas.
También podrían consultar el impresionante Mapeo de Programas de Prevención de Homicidios en América Latina y el Caribe, realizado por Ignacio Cano y Emiliano Rojido, investigadores del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil (https://bit.ly/2k2sAU0). En ese documento, detallan decenas de iniciativas puestas en marcha en toda la región, con múltiples enfoques, algunas con eficacia ampliamente probada.
A lo anterior, se podrían adicionar algunos mecanismos que han funcionado razonablemente bien para otros delitos. En específico, se podría crear una coordinación nacional antihomicidios, siguiendo el modelo de la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase). Ese ente podría desarrollar una estrategia nacional de reducción de homicidios, facilitar la creación de unidades especializadas en las fiscalías estatales, homologar protocolos de investigación y jalar los hilos burocráticos para llevar recursos presupuestales al tema.
Nada de lo anterior impide que el gobierno intente reducir homicidios por las vías indirectas que se ha propuesto. Pero si ofrece potencialmente una ruta más rápida para enfrentar un problema que ya dominó la primera semana del nuevo gobierno y que amenaza con volverse la sombra permanente del sexenio.
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@ahope71
