Para entender la Fiscalía

Irene Levy

Vale la pena seguir el debate que deberá darse en el Congreso sobre las características que tendrá la FGR, el tema de su autonomía, la calificación de su personal y su organización, entre otras cuestiones.

¿Tenemos todos claro el abc del tema de la Fiscalía General? A eso me aboco en esta entrega.

¿PGR o Fiscalía General de la República? En 2014, se modificó la Constitución para sustituir a la PGR por una Fiscalía General. Su labor es investigar y perseguir delitos federales. La diferencia entre ambas es que la Fiscalía será autónoma, es decir, separada del Poder Ejecutivo, a fin de que el fiscal pueda hacer su trabajo sin presiones del presidente de la República ni de ningún otro poder. El fiscal general durará en su encargo 9 años. Adicionalmente, se crearon otras dos fiscalías que dependen de la Fiscalía General: la que investiga delitos electorales y la del combate a la corrupción.

¿Por qué no hay todavía fiscal general? Porque para concretar el cambio de PGR a FGR es necesario que se realicen las reformas legales que detallen el funcionamiento de la Fiscalía, así como que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la FGR, y esto no se ha hecho. Existe un dictamen de ley aprobado por la Cámara de Diputados —muy malo por cierto—, que, por fortuna, no se concretó en el Senado, y que seguramente será letra muerta con el nuevo gobierno.

¿Cómo se nombra el fiscal general? Se ha discutido mucho cuál debería ser el proceso de designación para asegurar su autonomía, afortunadamente ya se eliminó el famoso pase automático o también llamado #fiscalcarnal. Al respecto digamos que existen dos bandos: los que quieren que el fiscal se nombre como establece actualmente la Constitución y los que pugnan por una modificación al 102 de la Carta Magna para incluir a la sociedad civil en la elección de candidatos. Ya no hay mayor discusión sobre el tema porque López Obrador ya ha confirmado que no habrá modificaciones y que seguirá el proceso vigente, que es el siguiente:

1. El Senado integra y aprueba, por las dos terceras partes de los miembros presentes, una lista de por lo menos 10 candidatos al cargo el cual es enviado al presidente de la República.

2. De esa lista el Presidente envía al Senado una terna.

3. El Senado cita a los tres propuestos a comparecer y, dentro de los 10 días siguientes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes, designa al fiscal general.

4. El fiscal general puede ser removido por el presidente por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. En dado caso, el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones.

Fiscal anticorrupción. En un transitorio de la mencionada reforma de 2014, se dispuso que la primera designación del fiscal anticorrupción la haría el Senado y duraría en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2018, las siguientes designaciones las haría el fiscal general. Empero, como es lógico, este transitorio perderá su vigencia porque seguramente todos los nombramientos serán a partir del 1 de diciembre, y el fiscal anticorrupción será nombrado por el fiscal general.

Parece que el futuro cercano en el enredado tema de las fiscalías empieza a dar señales de mayor certidumbre: no habrá modificación inmediata al 102 constitucional; habrá un nuevo proyecto de ley para la FGR en cuya redacción tendrá cierta participación la sociedad civil. El Fiscal General será nombrado por López Obrador conforme al procedimiento que le describí y el designado muy probablemente será Bernardo Bátiz quien será el que nombre al fiscal anticorrupción. Vale la pena seguir el debate que deberá darse en el Congreso sobre las características que tendrá la FGR, el tema de su autonomía, la calificación de su personal y su organización, entre otras cuestiones.

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