Panistas sobornadores

Jerónimo Gurrola Grave

Varios organismos nacionales e internacionales como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CESP), Transparencia Internacional, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Foro Económico Mundial (FEM) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), entre otros, se han ocupado durante décadas a analizar el tema de la corrupción e incluso de cuantificarla en pesos y centavos, pues se ha llegado al grado, de que según lo expresó Felipe Calderón siendo Presidente de la República, “un negocio prácticamente no puede hacerse si no hay de por medio algún tipo de pago a algún funcionario público”.

Pero no nos asustemos de más, la corrupción en sus modalidades de tráfico de influencias, contrabando, soborno para la obtención de grandes contratos públicos, peculado, uso de bienes públicos, castigo al inocente, financiamiento de campañas con dinero del pueblo o del crimen organizado, etcétera, es como el aceite que hace que funcione la maquinaria, es algo inevitable, es una enfermedad social inherente a los países capitalistas, particularmente a los más atrasados como el nuestro y que al final se traduce en menor nivel de bienestar de las familias.

De acuerdo con un estudio realizado por la organización, Transparencia Internacional, que considera que la corrupción es un problema universal, la percepción de la corrupción en México en el año 2013 nos ubicó en el lugar 106 de 177 naciones, es decir, nos coloca como uno de los países más corruptos para el organismo. En 2012 el CESP calculó en cerca de 1.5 billones de pesos el costo de la corrupción en México, equivalente al 10 % del Producto Interno Bruto (PIB).

No han faltado otros organismos del sector privado que han instado a candidatos a ocupar la Presidencia de la República, a gobernadores, presidentes municipales y a legisladores a promover y vigilar leyes para hacer frente a la corrupción, a la cultura de la ilegalidad y a las debilidades legales que alimentan la impunidad, pues en estos casos, han dicho, esta alcanza niveles de hasta 98 %.

Pero no nos hagamos ilusiones. En una sociedad como la nuestra ninguna esperanza hay de mejorar en este sentido, pues todos sabemos que son los propios servidores públicos quienes encabezan y promueven la corrupción en nuestro país, como en el caso de la diputada perredista Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de comunicaciones y trasportes en el sexenio de Felipe Calderón y designada por su partido para la discusión de las leyes secundarias de Telecomunicaciones, “pillada” a través de una llamada telefónica donde comenta al director de Movistar, “ya nos sacamos la lotería”, y proponerle, aprovechando su puesto de diputada y sus conocimientos como funcionaria para crear una operadora virtual móvil de telefonía para vender ese servicio.

O como los distinguidos panistas: Francisco Domínguez, al financiar su campaña a la Senaduría con recursos ilegales, y Ricardo Anaya Cortés, involucrado en la instalación del casino Winland en el municipio de Corregidora y sus vínculos con personajes dedicados al narcotráfico y lavado de dinero.

Por esto no sorprende que el empresario David Roque Hernández acuse públicamente a los expertos del “moche”; diputado federal Marcos Aguilar y al alcalde de Tolimán, Edgar Montes Benítez, de cobrarle una cuota del diez por ciento por gestionar 20 millones para la construcción de un parque industrial en el municipio de Tolimán, cantidad que no entregó y por lo cual no se materializó esta importante obra en perjuicio de los cientos de trabajadores que carecen de empleo.

¿Y con estas cartas de presentación, los panistas, Domínguez, Anaya, Aguilar y Montes pretenden convencer a los queretanos para que les confiemos nuevamente otros puestos de mayor responsabilidad? Ni pensarlo.

Dirigente movimiento Antorcha Campesina Querétaro

 

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