Desde que se discutió por primera vez en el Comité Ejecutivo Nacional, el Pacto por México ha configurado dos visiones dentro de los órganos de decisión del panismo. Por un lado quienes ven al pacto como instrumento de acuerdo político inédito que puede sacar las reformas pendientes y consolidar la democratización del país en los temas más peleagudos, los que más han enfrentado la resistencia de los poderes fácticos, porque son los que realmente emparejarían la competencia política, económica y social de México. Por otro lado hay quienes ven al Pacto como el reconocimiento de un fracaso de los gobiernos panistas, “de lo que no hicimos”, y en su extremo, un voto de confianza inmerecido a Peña Nieto, pecando de ingenuidad mayúscula.
La primera visión parte de una ecuación muy sencilla: hoy, ninguna fuerza política puede, por sí sola, imponer su visión ni un programa único. Las reformas que el país necesita no pueden salir sin un acuerdo amplio mayoritario. La segunda postura se ancla en reprochar la mezquina actitud del PRI durante los gobiernos del PAN al boicotear éstas mismas propuestas y pareciera recomendar que esa ruta debe practicarla ahora desde la oposición, lo que seguiría dilatando mayores oportunidades para todos.
Quienes estuvieron cerca del gobierno del presidente Calderón, o afines a eso que llaman “calderonismo”, se han lanzado contra el pacto. Critican la forma. el momento y los mecanismos de negociación. Pero una comparación entre las plataformas legislativas y de gobierno que hemos presentado en la década reciente demuestra que más de 80% de los 95 compromisos suscritos por Peña, el PRD y el PRI, son de manufactura panista. Y en efecto, entre PAN y PRD hay amplia coincidencia en la agenda democratizadora del Pacto, lo que incluso nos permite hacer coaliciones electorales desde hace 15 años.
En algunas de las críticas sobre el método de negociación, he coincidido; lo cual se ha solucionado con mecanismos más incluyentes en la elaboración de las iniciativas tanto de legisladores como de especialistas en los tres partidos que participamos en el Pacto. Lo que me parece error es traducir este acuerdo como corte de caja o crítica a nuestros gobiernos, cuando lo que se pone de manifiesto es lo que no nos permitieron hacer, lo que se nos regateó pues muchos de las acciones planteadas son continuidad de políticas iniciadas en los gobiernos del PAN.
El Pacto mismo tiene antecedentes al inicio de la transición democrática: Fox lo hizo y se suscribió por los principales actores políticos, en aquella época se denominó Acuerdo Político Nacional, pero de inmediato el PRI incumplió y se salió; no dudo que Calderón le hubiera encantado lograrlo, pero tampoco tuvo condiciones ni siquiera para proponerlo, el nivel de polarización y radicalismo que planteó la izquierda entonces bajo las órdenes de López Obrador imposibilitó cualquier acuerdo amplio, y terminó echando en los brazos del PRI al PAN.
También he escuchado absurdos a propósito del Pacto dentro de nuestras filas, sobre todo ese que insiste en que ser parte de él nos silencia, que nos desdibuja como oposición, que nos limita y mete en una civilidad hipócrita. En ninguna parte de sus contenidos el pacto condiciona nuestro deber de contrapeso y de crítica a Peña, mucho menos limita o restringe el deber opositor que tenemos frente a abusos o excesos.
Tampoco suponemos que ya impera la civilidad y que los gobernadores se volvieron buenos sólo porque Peña Nieto firmó; al contrario, éstos son los principales destinatarios del Pacto, precisamente porque sabemos que en los estados gobernados por el PRI se dan las peores regresiones autoritarias y es donde se producen las peores prácticas en relación con el manejo de los recursos públicos, de los medios, de las elecciones locales y del acceso a la información. Por eso había que firmar el Pacto y comprometer a Peña Nieto —su nuevo jefe y guía—, en temas como “reducir y transparentar el gasto de los partidos; disminuir el monto de los topes de campaña, anular una elección cuando se rebasen los topes de campaña, cuando se utilicen indebidamente recursos públicos o cuando se compre cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate”, compromisos todos dentro del capítulo “Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática”.
Celebro que el Consejo Nacional del PAN haya avalado y ratificado el Pacto en su pasada sesión del fin de semana, y que por una amplia mayoría haya prosperado la visión que hace de él un mecanismo para el futuro, confirmándonos como un partido responsable y comprometido con el interés de México, lo que en definitiva nos diferencia de nuestros adversarios.
Abiertamente milito en la defensa del Pacto y de sus posibilidades de transformación, lo hago desde la esperanza que significa su concreción, no desde la confianza ingenua o la creencia a ciegas porque no es un asunto de fe, participo con el riesgo incluso de que incumplan su palabra, pero consciente de que cada nueva etapa del país abre una oportunidad para reformas importantes; estoy con el Pacto no porque crea que Peña Nieto se transformó en demócrata de la noche a la mañana, o porque el PRI y sus gobernadores experimenten una conversión paulina hacia la decencia política, sino porque la necesidad de crecimiento económico, de credibilidad política y legitimidad democrática de la nueva etapa obliga a realizar las reformas planteadas.
Senador por el PAN
