26 / julio / 2021 | 14:05 hrs.

“Outsourcing” y derechos

Editorial El Universal

En los últimos años se ha apreciado un notable crecimiento, en empresas mexicanas, del uso de figuras como la subcontratación (outsourcing), o de compañías intermediarias, entre otras, las cuales teóricamente están diseñadas para favorecer la competitividad de los actores económicos, que sin embargo han devenido en instrumentos del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores o en la evasión de impuestos y prestaciones. Estos esquemas hasta hoy no están plenamente regulados. El número de trabajadores que se encuentra laborando bajo este esquema no se conoce con precisión. Por consiguiente, no podemos sino estimar de manera difusa el tamaño del problema.

Es verdad que nuestras empresas se encuentran compitiendo en mercados globales y deben afrontar condiciones no siempre sencillas para su eficiente desempeño. En ese sentido, la subcontratación como modelo puede ayudar a impulsar la especialización de distintas labores y con ello favorecer la eficientización de los procesos productivos. Sin embargo, la falta de una regulación adecuada incentiva la mala utilización de esta variedad de contratación con lo que muchas empresas emplean este mecanismo como estrategia de evasión fiscal o como medio para limitar los derechos laborales. Esto no puede continuar así.

La reforma laboral que actualmente se encuentra en proceso de discusión en el Senado contempla éste como uno de sus temas de mayor trascendencia. El país necesita que los partidos políticos alcancen acuerdos con el objeto de regular adecuadamente esta actividad y evitar ambigüedades.

Se requiere certidumbre laboral manteniendo la justicia social. Para lograrlo, la regulación debe favorecer que la actividad de la subcontratación sea completamente transparente de forma que podamos contar con información precisa respecto al número de trabajadores que se encuentran laborando bajo este modelo y qué clase de actividades desempeñan. Adicionalmente, se debe garantizar que este tipo de esquemas sean empleados para eficientar la producción y no para limitar los derechos de los trabajadores, empobrecerlos o para evadir impuestos y prestaciones. La competitividad no se puede lograr a través de mecanismos irregulares o en detrimento del desarrollo y bienestar de nuestra fuerza laboral.

Hacer trampa en la relación obrero-patronal puede ser seductor para el empleador, pero a la larga empobrece al país y a sus ciudadanos.

Comentarios