¿Otra más de los ex diputados locales?

Héctor Parra Rodríguez

El diputado local Eric Salas González pone en duda el costo del nuevo inmueble que ocupa la sede del Poder Legislativo en el Centro-Sur, cuyo valor —estima— es entre 700 y 900 millones de pesos, un incremento del 250 al 300%; y no los 219 que anunciaron los ex diputados locales.

Dijo que el inmueble “está carísimo y a 20 años”. También dijo estar “espantado” por la cifra; de tal manera que se está metiendo en las corridas financieras; y no hay nada que agradecer al ex gobernador Calzada.

También está analizando el procedimiento jurídico-legislativo que llevó a la contratación del empréstito a tantos años, cantidad que se paga con los impuestos de los contribuyentes. Aunando a lo anterior, el inmueble presenta problemas en su operación, hay goteras, humedad, aire acondicionado que puede producir “epidemias”; hasta presenta una inclinación, afirmó el diputado.

Afirmó que se hicieron dos grandes pagos por la construcción; uno por 50 millones 769 mil 493 pesos y otro por 27 millones, lo que arroja más de 77 millones de pesos, de un costo, según dijeron los ex legisladores, de 219 millones 911 mil pesos; y cada año debe haber un pago de 27 millones de pesos.

Lo declarado por el legislador no viene más que a confirmar la serie de abusos cometidos por algunos diputados de la pasada legislatura, estimando que no todos tuvieron injerencia en las anomalías que ahí se presentaron. Al menos los presidentes de la Mesa Directiva de ese entonces fueron los que hicieron gala de afirmaciones sobre el costo, las formas de contratación, que por primera vez serían propietarios de su inmueble y más aseveraciones. Sobre ellos cae la sospecha de lo que dice el diputado Salas.

En alguna ocasión aludimos a algunas de las arbitrariedades de aquellos legisladores, quienes en el segundo año de su gestión dejaron sin incremento salarial a muchos empleados de la legislatura, cometiendo una flagrante violación al derecho de igualdad en materia laboral de todos aquellos empleados que no recibieron el incremento aprobado por medio del contrato de trabajo. La amenaza se hizo sentir: el que se queje, se va. De ahí que la violación se consumó sin lamento alguno. Quedaron los registros para cualquier aclaración en la nómina de los empleados. ¿Quién se quedó con esos dineros de todo un año de esos empleados?

Otra de las injusticias cometidas por aquellos que ya no legislan fue la contratación de personal con salarios ofensivos y que nada sabían hacer, sólo fueron distinguidos por la relación política y de amistad de aquellos que gobernaron la 57 Legislatura. Algunos de los beneficiados fueron aquellos que estuvieron cobrando como “aviadores” con salarios de lujo. Todos saben quiénes fueron, el contubernio obligó a callar.

De tal manera que ahora los diputados a la 58 Legislatura se han visto en la necesidad de hacer una “limpia” de empleados que no justificaban su estancia en la legislatura; deben evitar llevarse entre “las patas de los caballos a inocentes”. Los compromisos de diputados de las dos pasadas legislaturas quisieron hacerlos permanentes, a grado tal que los sindicalizaron para que no fueran despedidos; ahora Carmen Mancha, la líder sindical, “olímpicamente” se lava las manos y a los despedidos les sugiere acudan a la demanda laboral, el sindicato no los defenderá. Los tiempos políticos ya no son de aquellos, ahora son de estos, dijeron como justificación.

Parece ser que los negocios de aquellos que gobernaron se cifraron en el ámbito de la construcción, es ahí en donde “reina” el moche, el religioso 15 y hasta el 20% de comisión. Por tal razón las obras tuvieron que ser sobrevaluadas para que rindieran los ingresos tanto para el constructor, como para el comisionista. Sin embargo esto se tendrá que demostrar. Al menos hay quién sí ha puesto atención en asuntos de los dineros públicos que no están muy claros los destinos de muchos millones de pesos.

Analista legislativo. @HectorParraRgz

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