Otra mala señal

Javier Corral Jurado

Aconsejaba Julio María Sanguineti, el expresidente del Uruguay, que en los momentos de transición entre gobiernos de distinto signo político, había que administrar dos sentimientos: el miedo de los que se van, y las ansias de los que llegan. En ese cruce de caminos, salida y llegada, se pueden cometer grandes aciertos pero a la vez, generar los primeros errores que convulsionen el asentamiento real en el poder, lo retrasen o lo hagan más difícil. 

Uno de los temas recurrentes en este tránsito ha sido la permanencia de la burocracia y con qué personal gobernar, pues cada cambio de gobierno genera un despido de los funcionarios hasta en los niveles más básicos de la administración pública, esto acontece partícularmente en las entidades federativas y los municipios, incluso en el relevo de administraciones del mismo partido. En la federación hasta la llegada de Acción Nacional, el PRI hacía una substitución masiva de puestos en los más diversos niveles. Era parte también de un mecanismo rotatorio de equipos políticos dentro de su prolongada permanencia en el poder. 

Sin embargo, esos despidos por el sólo hecho de asegurar una afinidad política partidaria, significan una cuantiosa pérdida para el gobierno y la sociedad, y no me refiero sólo a las liquidaciones económicas, sino a la experiencia que se desaprovecha y la nueva nueva curva de aprendizaje que se abre en cada periodo gubernamental, donde se cometen no sólo pifias sino omisiones procedimentales con cargo al erario. 

Entre otras cosas por lo anterior, pero sobre todo porque se constituye en una herramienta en contra de la corrupción, y de los criterios del amiguismo y el compadrazgo para asignar cargos públicos, el Congreso de la Unión decidió asegurar en la Ley el servicio profesional de carrera en la administración pública federal, que en otros países se conoce como "servicio civil de carrera".

Los esfuerzos en favor de la profesionalización de los servidores públicos tiene antecedentes en sexenios priístas, partícularmente en el del Presidente Ernesto Zedillo, con la promulgación del “Programa de Modernización de la Administración Pública Federal 1995-2000” (PROMAP), que planteó una política pública en materia de profesionalización por medio de la dignificación, profesionalización y ética del servidor público. Pero fue hasta la llegada del PAN con Vicente Fox, cuando se presentó la Agenda de Buen Gobierno, en la que se incluyó la Estrategia “Gobierno profesional”, cuyo objetivo fue “Atraer, retener y motivar a las mejores mujeres y los mejores hombres en el servicio público, garantizando que la administración pública transite sexenalmente con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, y asegurando que, siendo políticamente neutra, se convierta en un factor estratégico de la competitividad del país”.

Esto se concretó en el 2003, al aprobarse la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Un paso decisivo en la modernización gubernamental y signo de madurez política, pues parecía atajarse el faccioso principio de que el gobierno es de quien gana las elecciones, el poder como botín de partido. Se establecía finalmente un sistema de mérito e igualdad de oportunidades, y el incremento del atractivo del empleo público para incorporar los mejores talentos del país.

Este gran avance pretende ser menoscabado por el nuevo gobierno que a partir del 1 de diciembre encabezará Enrique Peña Nieto, pues el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República ha desempolvado una minuta de la cámara de diputados, de noviembre de 2007, que propone excluir a los directores generales y a los directores generales adjuntos del servicio civil de carrera. Argumentan que esas posiciones deben ser de "absoluta confianza y lealtad".

Los niveles de DG y DGA´s, son puestos que entre sus funciones tienen la de proponer el diseño de las políticas públicas, así como la de coordinar la implantación y operación de dichas políticas. Ambas funciones implican un conocimiento técnico en las materias y una visión estratégica de los diversos componentes de la política pública; por lo cual, estos niveles son el nivel de interconexión entre quienes toman las decisiones de los altos mandos y los niveles de los mandos medios que operan dichas decisiones. Un gran porcentaje de estos directores generales provienen, hay que decirlo, de administraciones priístas. Una de las quejas que muchos panistas alzaban frente a Vicente Fox y Felipe Calderón.

Es una muy mala señal la que está enviando Peña Nieto hacia dentro de la administración y por supuesto en el contexto de la proxima alternancia. El ciudadano que no tenga una relación de lealtad política con un funcionario de alto nivel, no podrá acceder al servicio público, y quienes están en él, sólo podrán aspirar a una dirección de área, los que quieran subir, tendrán que afiliarse al PRI. Porque ya conocemos el concepto que de confianza tiene la clase política priísta, solo hay que voltear a ver a sus gobiernos locales, auténticos ejercicios facciosos.

Además, el Servicio Profesional de Carrera asegura mecanismos de evaluación del desempeño basado en resultados, donde el Servidor Público es evaluado en función del cumplimiento de sus metas y en beneficio de la ciudadanía. Al mismo tiempo en el SPC se determinan procedimientos de acceso al servicio público con objetividad, imparcialidad, en igualdad de oportunidades, basado en el mérito y sobre todo, con equidad de género. Sería interesante conocer la propuesta técnica de cómo sería una evaluación basada en la lealtad y la confianza con el superior jerárquico.
 

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