Una de las condiciones fundamentales para que exista inversión y crecimiento económico en cualquier país, es la certeza. Y no tanto a que la inversión rendirá frutos o que se recuperará lo aportado, sino en que las “reglas del juego” sean seguras, es decir, que no puedan ser cambiadas de un momento a otro. Ello tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho.

Este fin de semana, el presidente de la república y sus partidarios de la 4T dieron un fuerte golpe al Estado de Derecho y demostraron que lo menos que les interesa es el respeto a la Ley. Bien lo dijo en su momento el titular del Ejecutivo “no me vengan con que la ley es la ley”.

Comenzando por la falta de respeto que se tiene hacia la SCJN, máximo tribunal constitucional de nuestro país. Tras la declaratoria de invalidez que emitió contra el decreto que clasificaba las grandes obras del gobierno como parte de la seguridad nacional, por vulnerar el derecho de acceso a la información (impugnación que por cierto impulsó el INAI, sí, esa institución que tanto incomoda al presidente); casi de inmediato el Ejecutivo federal emitió un nuevo decreto en la misma vertiente, mandando un mensaje claro y conciso: las resoluciones de la Alta Corte le hacen “lo que el viento a Juárez”.

Pero además, no suficiente con el desacato a la orden judicial, los partidarios de la 4T han comenzado una cacería mediática en contra de las y los ministros de la Corte. Desde proponer que éstos sean nombrados vía voto directo y popular, lo que ha sido duramente criticado por especialistas en derecho constitucional, hasta manifestaciones encabezadas por sus gobernadores mostrando ataúdes con las fotos de las y los ministros, poniendo en riesgo su vida e integridad.

En este punto, la división y equilibrio de poderes está en peligro, pues lo que este gobierno está buscando es desconocer la prohibición que claramente establece el artículo 49 de la Constitución: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona…”

El segundo golpe se dio un día después, con otro decretazo por el que se ordenó la ocupación temporal de vías férreas que estaban concesionadas a la empresa Ferrosur S.A. de C.V., de Grupo México, un fuerte consorcio de inversión en nuestro país.

Sin previo aviso ni mucho menos garantía de audiencia, las instalaciones de la empresa fueron ocupadas por elementos de la Secretaría de Marina. Y no obstante que el Secretario de Gobernación ha dicho que no es una expropiación, para efectos prácticos es lo mismo. Así lo ha determinado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en varias de sus sentencias al definir el concepto de “expropiación indirecta”, es decir, aquellos actos que, si bien no son formalmente una expropiación, sí tienen los mismos efectos.

Las consecuencias no se hicieron esperar, pues de inmediato la Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 1.75%, y Grupo México tuvo una contracción de 4.29%, lo que equivale a perder 33 millones de pesos. No obstante, lo peor fue el efecto dominó que provocó la decisión en la percepción mundial, pegando duramente en la confianza de los inversionistas hacia México. Aún no hemos visto todos los efectos y consecuencias de esta decisión, pero sin duda, no serán nada positivas.

En este sentido, comenzamos la semana con incertidumbre, en medio de una vorágine provocada por la misma administración federal cuyos efectos apenas veremos en la realidad. Ese es el problema cuando de un día a otro “cambias las reglas de juego”; pierdes confianza y credibilidad. Vaya situación.