Fue en diciembre de 2020 cuando se publicó formalmente la reforma constitucional que consagra el derecho humano a la movilidad. El artículo 4 de nuestra Carta Magna prevé: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”, lo que implica un reto enorme para las autoridades.

La movilidad es un tema de gran complejidad, pues no sólo se refiere a la obligación que tienen las autoridades de no entorpecer el libre tránsito, sino de crear e implementar todos los medios necesarios para garantizar el traslado de cualquier persona, de un punto a otro, en un plano de seguridad, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad; situación que por supuesto no es nada sencillo, pues involucra inversión, inventiva y, por supuesto, mucha planeación.

La dinámica de crecimiento de las ciudades, el hacinamiento y la intercomunicación entre zonas cada vez más alejadas, hacen complicado encontrar métodos de movilidad rápidos y eficientes.

En este contexto, las autoridades deben buscar opciones más viables y funcionales para las grandes ciudades, que vayan más allá del vehículo particular. Ya no es suficiente con ampliar las redes de comunicación o hacer más vialidades, es necesario pensar en transportes colectivos de alta capacidad, como el metro o el tren ligero. La prevalencia al automóvil ha quedado en el pasado, especialmente con los altos índices de contaminación que nos obligan a pensar en opciones que sean más amigables con el medio ambiente. La implementación de energías limpias es fundamental.

El estrés, producto del tráfico y los embotellamientos, está causando fuertes problemas en la salud mental de las personas. Prueba de ello son los cientos de videos que existen en redes sociales, donde las personas adoptan conductas cada vez más desesperantes y agresivas. Conductas que van desde insultos verbales hasta la agresión física, lesiones o, incluso, el homicidio. La situación que viven millones de personas en nuestro país por este tema es apremiante.

Por eso, la obra pública, especialmente la dirigida a satisfacer estos parámetros, tiene serias complicaciones, pues no solamente debe cumplir las mencionadas exigencias, sino además, ser ejecutada con eficiencia y rapidez, sobre todo cuando con ella se afecta a buena parte de la población en su vida diaria. Como autoridades, quienes están diseñando, aplicando y dirigiendo los mecanismos de movilidad deben enfocar todos sus esfuerzos para hacer los traslados de las personas más llevaderos. No sólo se trata de ampliar carriles o crear “segundos pisos”, sino de generar transporte de calidad. Un transporte digno para todas las personas en todos los ámbitos y sectores. Ese es el verdadero desafío.

La imaginación, pero sobre todo la planeación, es algo fundamental para llevar las cosas a buen puerto, pues sólo de esa manera se evitará crear condiciones que alteren la convivencia social y que desemboquen en tragedias como las que muchas veces se presentan en varias partes del país.

Para ello, tal vez sea necesario conectar adecuadamente las normas que rigen a la obra pública y el desarrollo urbano con los principios de la movilidad, no sólo en un aspecto enunciativo, sino realmente efectivo, que permita llevar a cabo acciones que sí beneficien al traslado seguro y eficiente de las personas.

Por el momento, es lamentable que la mayoría de las acciones de gobierno, en los tres niveles, se siga centrando en ampliar o mejorar las carpetas asfálticas, habiendo tantas áreas de oportunidad. Exploremos más y mejores opciones, es urgente.