Una vez más, como ha ocurrido durante todo el sexenio, Morena amenaza con coartar las libertades de las y los mexicanos; ahora fue el turno de la libertad de expresión. El  14 de febrero la mayoría de Morena aprobó un dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que reforma la Ley sobre Delitos de Imprenta, para incrementar las multas previstas para quien injurie por cualquier medio a las autoridades, pero señaladamente al Presidente de la República.

Actualmente la Ley sobre Delitos de Imprenta contempla como sanciones las multas, el arresto hasta por 11 meses, y prisión hasta por un año, pero este dictamen propone incrementar las multas en un rango que va desde los 518 hasta los 4 mil 149 pesos por injurias al Presidente de la República. Es preocupante que también se consideran las injurias a toda la comitiva presidencial, lo que abarca a los Secretarios de Despacho, Gobernadores, Magistrados, Generales, Coroneles y hasta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que lleva mucho tiempo infringiendo la Ley con actos anticipados de campaña.

La intencionalidad de esta reforma es muy clara: pretende amedrentar a todas las personas que cuestionen los pésimos resultados del gobierno federal y de los gobiernos locales, con una nueva expectativa de castigo, como si quejarse fuera un delito. Frente al desastre en materia de seguridad, los graves retrocesos de la economía y la crisis sanitaria derivada del mal manejo de la pandemia, la respuesta de Morena no es la rectificación ni la autocrítica, sino la censura.

Esto es gravísimo para todos los mexicanos, pero particularmente para quienes ejercen día a día la libertad de expresión para mantenernos informados y crea un entorno aún más peligroso para los periodistas, cuya seguridad de por sí se encuentra en vulnerabilidad. De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, en 2022 México fue el segundo país más peligroso para ejercer periodismo en el mundo, solo antecedido por Ucrania que es un país en guerra.

Debe decirse que la Ley que se pretende reformar tiene un problema desde su origen. Su régimen transitorio establece que “la Ley comenzará a regir”,  pero no menciona la fecha, un elemento indispensable para determinar su entrada en vigor. En otras palabras, la aplicación de esta Ley parece estar sujeta al Son de la Negra: “a todos diles que sí, pero no les digas cuándo”.

Tal vez por esta razón, al Presidente se le haya hecho fácil retractarse en la mañanera al anunciar que vetaría esta reforma si llega a aprobarse en el Pleno. No sería la primera vez que el Presidente recurra a su estrategia de tirar la piedra y esconder la mano para deslindarse de sus responsabilidades; al final, su mensaje ya fue enviado y se ha refrendado como un enemigo de la libertad de expresión. Como diputado por Querétaro, en la Cámara de Diputados defenderé esta y todas nuestras libertades hasta donde tope.