Ganó la oposición la batalla legal en contra de los abusos del presidente López Obrador, de sus legisladores y aliados; 8 ministros dieron la razón constitucional a los senadores que impugnaron el Decreto que reformó diversas leyes para regresar al órgano civil denominado Guardia Nacional, a donde pertenece, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liberándose del yugo de las fuerzas castrenses al mando del Secretario de la Defensa Nacional, acto ordenado por el titular del Poder Ejecutivo. La SCJN puso orden constitucional a los caprichos del Presidente.
Hubo, sin embargo, un ministro y 2 ministras que ciegamente se dejan llevar por las ordenes de López Obrador, aunque tengan que mostrar sus flaquezas e insubordinación al marco constitucional. Los barruntos ministros cargarán con la vergüenza de la traición a México. El silogismo que pretendieron poner en práctica resultó inconvincente para la mayoría del pleno de ministros. Alejados de la razón sus fundamentos fueron inconstitucionales, al igual que las normas impugnadas.
Pretendiendo revertir los daños colaterales, Andrés López Obrador, también realizó un silogismo equivocado de la sentencia, no se sostiene con los discursos de la mañanera. Argumentó incongruencias que ni él mismo entendió.
Resulta que los 8 ministros estuvieron equivocados, los razonamientos de los ministros fueron políticos y no jurídicos, dijo el presidente. Cuando que, el propio López abusando de su fatídica retórica solo atina a sostener su “tesis” en especulaciones políticas. Totalmente fuera de cualquier razonamiento lógico jurídico para sostener vanamente su intento por demostrar su incongruencia.
Derrota jurídica y política contundente que recibió el titular del Poder ejecutivo. En un plano de naturaleza electoral, como recurso desesperado, amenazó con presentar otra iniciativa pasadas las elecciones del 2024, incitando al electorado a votar por su partido y alcanzar la mayoría calificada en la LXVI Legislatura Federal para poder reformar la Constitución.
Hace campaña político-electoral en contra de la Constitución, contraviniendo el artículo 134, utiliza recursos públicos para hacer campaña a favor de su partido político. Sin tener mayoría calificada en las Cámaras ha intentado destruir las instituciones, cancelar derechos humanos, como la garantía de opinión. Acción presidencial arbitraria, intolerante y marcada desesperación, seguramente constata que realmente corre peligro de perder las contiendas electorales del 2024.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
