A principios de este mes la Secretaría de Gobernación, publicó en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de Búsqueda de Personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para el Ejercicio Fiscal de 2020. La Secretaría tiene una bolsa de 457 millones, 576 mil, 512 pesos para las 32 entidades federativas. Un presupuesto eminentemente raquítico para la envergadura e importancia que representa la búsqueda de más 37 mil desaparecidos y 26 mil muertos sin identificar. Empiezan mal.
Hasta aquí las cosas no parecen nada buenas por parte del gobierno federal, al destinar insignificante cantidad distribuida en 32 entidades federativas, corresponde a cada estado la suma de 14 millones, 299 mil, 266 pesos; se traduce en un millón, 199 mil, 605 pesos mensuales para el pago de todo un equipo humano interdisciplinario y especializado que debe trabajar en la búsqueda de los desaparecidos, artículo 58 de la ley General en Materia de Desaparición Forzada, así como para el pago a peritos de distintas ramas. Por supuesto también el gasto para el personal administrativo, renta de oficinas y gastos administrativos ¿Es suficiente el recurso destinando? ¡No! Y no para ahí el problema de la insuficiencia de recursos económicos, está el tremendo enredo administrativo para acceder a los recursos: es casi imposible. De acuerdo a los lineamientos, sumado a la exagerada fiscalización de los recursos federales, resultará todo un suplicio. De antemano un fracaso a un programa que resulta más populista que efectivo.
Resalta la burocratización, veintisiete elementos son definidos en los lineamientos para entender quién es quién en el convenio para acceder a los recursos y poder iniciar las investigaciones para saber el paradero de los desaparecidos, entre los que se encuentran fallecidos no identificados. Forman un Comité Estatal interinstitucional, para soltar dinero; más burocracia y Comisiones locales de búsqueda. El Comité estatal lo conforma el Secretario de Gobierno, el de Finanzas, la Comisión Local de Búsqueda y la Secretaría Técnica. Ordinariamente se reúnen trimestralmente, extraordinariamente cuando así lo acuerde la mayoría. Una vez integrado el grupo burocrático, solicitan el subsidio federal, por supuesto avalada la petición con todo un programa de búsqueda de los desaparecidos. No es automática la entrega del subsidio; no, primero se aprueba o se rechaza el programa. Toda una burda trama burocrática, mientras avanza el tercer mes de los doce del año, prácticamente se ha perdido todo ese tiempo. La primera ministración para que empiecen a trabajar se otorga después de 20 días de aprobado el programa y no puede solicitarse después del 14 de agosto.
Según el artículo diecisiete de los Lineamientos, del dinero que algunas Comisiones recibieron el año pasado nada se sabe hasta ahora de los montos ni de los logros obtenidos; acorde a los antecedentes son 29 Comisiones las formadas hasta noviembre pasado. Oprobioso el trámite burocrático para acceder a los recursos públicos, ello indica que es más importante para el gobierno federal cuidar el gasto púbico que la búsqueda de las personas desaparecidas, la tramitología es por demás ominosa, la desconfianza contrasta con el abusivo gasto de miles de millones que hace el Presidente en sus programas sociales de “dinero en mano”.
