Cada día aparecen más evidencias de que el corporativo brasileño Odebrecht —famoso por sus escándalos de corrupción— también hizo de las suyas en México con la complicidad de ciertas redes de poder que apuntan, cuando menos, al Partido Revolucionario y al gobierno federal, y que —de alguna manera— presumiblemente comprometen al propio Presidente de la República.
Como monstruo de mil cabezas, esta constructora es ampliamente conocida por sus dinámicas corruptoras en muchos países, entre los que se incluyen Estados Unidos, República Dominicana, Mozambique, Colombia, Perú, Guatemala, Argentina, Ecuador, Angola, Venezuela y, por supuesto, el nuestro. Y, a su paso, ha revelado varias formas en que se ha beneficiado de contratos, obras y privilegios a través de prácticas ilegales contando con participación de políticos y funcionarios públicos.
De hecho, a finales del año pasado, el Departamento de Justicia norteamericano estableció que “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente o deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”.
Pues bien, esta poderosa constructora del continente ha sido vinculada en esquemas de corrupción con el PRI, el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno.
De hecho, el mes pasado se dio a conocer que Carlos Fadigas, ex director de Braskem —filial petroquímica de Odebrecht— y ahora testigo colaborador ante la justicia brasileña, en febrero de 2013 dijo: “Acompañamos en tiempo completo toda la campaña del PRI (…) y del actual presidente Enrique Peña Nieto”. Además, recordemos que el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entonces fungía como coordinador de Vinculación Internacional del candidato priísta y actual titular del Ejecutivo.
El vocero presidencial reconoció que entre 2010 y 2013, Peña se reunió con empresarios, entre ellos los directivos de Odebrecht; aseguró que “ningún funcionario de Odebrecht o sus filiales tuvo participación alguna en la campaña a la Presidencia”; e intentó desmentir a Fadigas.
Una de las claves es la comprobación o no de que Lozoya haya recibido dinero de ese emporio brasileño, con las consecuencias propias del asunto. Y esto explica, en buena medida, el enfrentamiento con Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y los aspavientos que llegaron, incluso, al Congreso.
Pero, por supuesto, aquí no acaba la trama. Sobre todo ahora que la Auditoría Superior de la Federación detectó que Pemex —en tiempos de Lozoya—, sólo en 2016, realizó pagos irregulares a la empresa brasileña por más de 950 millones de pesos respecto a las obras en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo. Aunque se mencionan más casos de Odebrecht en México, con sus respectivos implicados.
Las investigaciones periodísticas continúan —nos dicen que las jurídicas también—, pues la importancia del tema podría tener efectos sobresalientes en el escenario político-electoral. Sin embargo, como muchos otros, parece empantanarse a pesar de los esfuerzos de periodistas y organismos como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que, junto con un buen número de actores políticos y ciudadanos, reclaman llegar hasta el fondo
Existe el reclamo por conocer quiénes recibieron sobornos, a cambio de qué, y por qué hasta el momento no ha pasado nada. Pues, también, existen dudas fundadas de que, una vez más, el caso permanezca en la impunidad para beneficio de sus protagonistas.
Director de War Room Consultores
