En los años 70 se escuchaba que en nuestro país y en gran parte de América Latina teníamos una fuerte problemática de corrupción debido a que la democracia era mínima o nula, como en los casos de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, cuyos liderazgos eran producto de golpes de Estado de corte militar.

Recuerdo que mi padre me decía que la corrupción se debía a que en nuestro país no teníamos democracia como en Estados Unidos, que inclusive allá un presidente había sido destituido por actos como obstrucción de justicia y abuso de poder a principios de los años 70.

En aquellas mismas épocas se hablaba de las fortunas hechas por funcionarios públicos al margen de la ley, pues éstos abusaban de sus posiciones políticas. Esas prácticas eran cotidianas. Para los años 80, bajo un cierto grado de presión social, se empezó con la llamada “renovación moral” impulsada por el presidente Miguel de La Madrid; sin embargo, al final fue más un lema que una política real en contra de la corrupción.

Hoy, tres décadas después, parece que nada ha cambiado, pues estamos por terminar la segunda década del siglo 21 y con ello a un sexenio que se distinguió por estar plagado de escándalos de corrupción.

En este contexto, el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht, el más grande de los últimos 100 años en América Latina, ha sido un antes y un después para numerosos países, no así para México.

En Brasil,  donde empezó la investigación con el llamado Lava Jato, el carismático ex presidente Lula fue aprehendido, así como también fue destituida en funciones su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff. En  Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que dimitir, mientras que en Ecuador y Colombia se le fincaron responsabilidades a funcionarios de primer nivel, mismo caso en Guatemala donde se emitió una orden de captura contra el presidente Otto Pérez, en tanto que en Argentina, el también presidente Mauricio Macri ha sido señalado por estar involucrado en este escándalo.

En México, increíblemente, no ha pasado nada desde la llegada de Odebrecht  al país en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, pasando por sexenios de dos partidos, y pese a la confesión en una corte de Estados Unidos donde se destapó la entrega de por lo menos 10.5 mdd a altos funcionarios de Pemex, la empresa del Estado más importante del país.

Y eso no es todo, pues la cantidad de obra adjudicada de manera directa a esta empresa ha sido de más de 40 mil mdd y en todas y cada una de sus obras hubo sobreprecios, incumplimiento de entrega y mala calidad de las mismas. Aún así Odebrecht siguió siendo la constructora preferida en el sector energético de varios gobiernos federales.

Más increíble resulta que se haya puesto de responsable de la investigación al mismo que estaba defendiendo en la reciente campaña los señalamientos de la participación de esta empresa en la campaña de 2012.

La falta de investigaciones serias ha generado impunidad: somos el cuarto país con mayores índices de impunidad (69 puntos) en el Índice Global de Impunidad. Así, las posibilidades de que los presuntos responsables del caso  lleguen a juicio son nulas.

A diferencia de México, en este sonado caso gran parte de los países latinoamericanos han dado el ejemplo de combatir la impunidad y la corrupción. Al respecto, estoy convencido que sólo podremos atacar este flagelo con instituciones sólidas y confiables que tengan la suficiente fuerza moral para afrontarlo y dar escarmientos ejemplares para que este país no tenga autoridades que protejan a su vez a  la autoridad, sino que sirvan verdaderamente al pueblo.

Ya veremos si en este nuevo gobierno, el Ejecutivo va a combatirla o seguirá la simulación como hasta ahora.

La buena: hace dos semanas el presidente electo dijo que teníamos una economía estable y viable.

La mala: ayer dijo que estaba el país quebrado.

La peor: no sabe o no se acuerda lo que es tener un país en bancarrota.

Senador de la República