El cerco en torno al expresidente Enrique Peña Nieto se va estrechando. La estrategia gradual de la 4T para investigar y castigar la escandalosa corrupción del pasado sexenio ha sido cuidadosamente jurídica, pero también maquiavélicamente política.
Fueron contra uno de sus colaboradores más cercanos, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia y con varias órdenes de aprehensión en su contra; luego contra otra de sus colaboradoras consentidas, Rosario Robles, pieza clave en el entramado del saqueo de recursos a través de universidades e instituciones públicas y los pagos a empresas fantasmas; pero hay dos detenciones que son fundamentales en la estrategia contra Peña y su grupo político: primero le detuvieron y neutralizaron a su abogado, Juan Collado, quien se encargaría de la defensa de todos, empezando por el expresidente; y ahora le inhabilitan al ministro Eduardo Medina Mora, que era el juez que los ayudaba a procesar todos sus asuntos, juicios y acusaciones en el Poder Judicial federal.
Así, lo que ha ido haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la Fiscalía General de la República como su brazo jurídico, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda como el sabueso del dinero, es desmantelar y desarticular —paso a paso y casi por manual— el blindaje jurídico, político y financiero que había construido el grupo peñista para garantizar su tranquilidad y cubrir muy bien las huellas de su cuestionada actuación y turbio manejo de los recursos públicos durante su sexenio.
Medina Mora, a quien orillaron a renunciar tras haber documentado en investigaciones de Hacienda y de la FGR sus extraños manejos financieros y los “negocios” que instrumentó siendo ministro de la Suprema Corte, era el principal operador del grupo para los asuntos judiciales e interlocutor con los jueces. Su cuestionado nombramiento avalado por la mayoría senatorial del PRI y del PAN en 2015, al que Peña Nieto se aferró entonces contra viento y marea, formaba parte de un plan de protección a futuro en el que el ministro operaba y lideraba un ala de la Corte para empujar y cuidar asuntos que afectaran los intereses o a los mismos integrantes del grupo.
Por eso fue que Medina se involucró en la defensa y el desbloqueo de cuentas de personajes como Alejandro Quintero, el publicista que manejó las dos campañas de Peña, primero como gobernador y luego como presidente, y al que la Unidad de Inteligencia acusó de haber financiado y producido el documental Populismo en América, junto con su hermano Jesús Quintero, por lo que en marzo le fueron bloqueadas sus cuentas financieras por Hacienda; o también ayudó a Juan Collado, el abogado del grupo peñista al que le facilitó desbloquear momentáneamente un par de cuentas antes de que lo detuvieran, a través de un engrose de amparo que publicó sin avisarle a otros ministros y sin tomar en cuenta jurisprudencias previas, lo que le permitió a Collado sacar en dos días casi 10 millones de euros de sus cuentas, antes de que se las volvieran a bloquear.
Con ese engrose, que publicó por cuenta propia, Medina Mora pretendía sentar un precedente y eventualmente buscar una jurisprudencia para complicar el bloqueo de cuentas bancarias para que sólo pudiera hacerse mediante una orden internacional y enviada previamente a un juez del país, algo con lo que se blindaría a muchos de los exfuncionarios y políticos del anterior gobierno que pudiesen verse involucrados o investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que buscaba el ministro era revertir el mecanismo de intervención y bloqueo de cuentas financieras que durante todo el sexenio de Peña Nieto utilizaron para armar desde Hacienda las principales acusaciones y casos judiciales como el de Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y otros que fueron acusados y procesados con evidencias obtenidas a través del trabajo de la UIF-
Al final, en todos los casos por corrupción que hasta ahora han armado, documentado y consignado en el actual gobierno lopezobradorista, la constante es que todos, de algún modo y con toda la intención, conectan hacia el expresidente Enrique Peña Nieto. Es evidente que no hay prisa y que tal vez falten todavía varios políticos y colaboradores importantes del sexenio anterior que serán investigados en la estrategia anticorrupción que ha puesto en marcha la Cuarta Transformación. Pero lo que es un hecho es que, tarde o temprano, cuando lo tengan todo muy bien armado o cuando políticamente más lo necesiten, veremos la culminación de todo este trabajo jurídico y político, en otro hecho histórico que, igual que los que se han ido dando, sacudirá a la política y a la opinión pública nacional: el primer expresidente acusado y eventualmente procesado por delitos de corrupción en el país.
DOS EXGOBERNADORES EN CAPILLA
En el mismo tema del combate a la corrupción de gobiernos anteriores, en la Fiscalía General de la República están muy avanzados dos expedientes por diversas irregularidades y desvíos de recursos contra dos exgobernadores: Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz, y Graco Ramírez Garrido, de Morelos.
Ambos casos están en proceso por razones y delitos que tienen que ver con corrupción, a partir de denuncias que se formularon desde los estados y en las que han participado directamente los gobernadores actuales tanto de Morelos como de Veracruz. Porque, más allá de las pruebas de presuntos desvíos y manejos financieros irregulares que les documenten a los dos exmandatarios, en los dos estados está claro que una acusación contra Yunes y contra Graco, no obedece sólo a compromisos que hicieron en campaña Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco, sino también a que proceder en contra de sus antecesores es para los dos gobernadores de la 4T, en estos momentos, casi una urgencia de sobrevivencia política por los cuestionamientos que los dos enfrentan por la situación de descomposición e ingobernabilidad de sus estados.
Así que, en el caso de Yunes, ya se dio el primer paso con la destitución del fiscal, para quitarle el blindaje jurídico que se había asegurado el exgobernador, de tal modo que ya pueden proceder en su contra, como muy probablemente lo harán en fecha próxima.
Mientras que en el caso de Graco, se están terminando de documentar expedientes por varios casos de irregularidades en su gobierno, y ahí entran en juego no sólo las denuncias del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y su urgencia por darle a los desesperados morelenses la cabeza de su antecesor, sino también la animadversión histórica del inquilino de Palacio Nacional que hace poco, a propósito de una visita del gobernador morelense para pedirle apoyo de la FGR para procesar las denuncias y expedientes de corrupción en el sexenio anterior y su queja de que un funcionario federal las obstaculizaba, les hizo un comentario a todos sus colaboradores cercanos: “No quiero que le abran la puerta del Palacio a Graco. No lo quiero metido aquí”. ¿Lo querrá metido en otro lado?
NOTAS INDISCRETAS…Al maestro Alfonso Zepeda, dirigente nacional del SNTE, le preguntamos esta semana en una entrevista sobre los rumores de que Elba Esther Gordillo pretende lanzar una campaña para exigir que se abra una elección por voto directo para renovar la dirigencia del magisterio y recuperar para ella lo que siente que le robaron en el gobierno de Peña Nieto. Y tranquilo y ecuánime como es, el líder del SNTE nos contestó dos cosas: La primera, que “no hay previsto ningún proceso electivo para renovar la secretaría general hasta el 2024 cuando termina el periodo para el que fui electo en 2018; lo único que se renovarán, sí por voto directo de acuerdo a la Reforma Laboral, son los 54 comités seccionales en todo el país conforme terminen sus gestiones”. Y la segunda que para poder aspirar siquiera a ocupar un cargo de dirigencia en el SNTE lo primero es estar al corriente en el pago de cuotas sindicales, algo que al parecer la maestra no cumple. Y segundo que, como cantara el gran José José, en el caso de la obsesión de Elba Esther Gordillo, “Ya lo pasado, pasado” y ahora el SNTE necesita abrir paso a nuevos, frescos y más jóvenes liderazgos. O sea, y eso no lo dijo el maestro Zepeda pero lo decimos aquí: la que ya bailó que se siente…Omar García Harfush llega a la Secretaría de Seguridad del gobierno de la Ciudad de México con suficientes cartas credenciales para hacer un trabajo que, primero limpie y luego mejore la problemática de la seguridad y de la policía capitalina. El cambio por Jesús Orta lo tenía decidido desde hace un par de meses la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero por alguna razón lo pospuso hasta que ya no pudo sostener más al secretario que le recomendó Marcelo Ebrard. García Harfush tiene entre sus antecedentes familiares, sí el ser nieto del general García Barragán, secretario de la Defensa de Díaz Ordaz en el 68, pero también el ser hijo del secretario de Seguridad Pública del DF, Javier García Paniagua. Él quería desde hace tiempo estar en esa posición por razones personales y familiares, y porque dice tener la capacidad y la experiencia para sacar a la ciudad de la crisis de violencia y delincuencia en que se encuentra. Veremos si puede hacerlo…Los dados mandan escalera doble. Buena Semana.
