Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX

José Alfredo Zepeda Garrido

La decisión relativa al NAICM no debe provenir de una consulta popular; ya la mayoría de los ciudadanos le confirió la ineludible responsabilidad de tomar decisiones.

La complejidad asociada a la decisión de realizar una obra de ingeniería como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), es enorme. La respuesta a la demanda de mayor infraestructura para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y al desarrollo del país, en todos los ámbitos, se sustenta en una diversidad de estudios en los cuales participan expertos, muchos de ellos ingenieros civiles especialistas y de áreas afines a las comunicaciones y al transporte; asimismo, intervienen analistas financieros que tienen que valorar el alcance nacional y global, con visión de presente y de futuro.

En las últimas tres décadas se ha hecho evidente la necesidad de ampliar la capacidad del Aeropuerto de la CDMX, acorde con el crecimiento del país. En 1978 se inauguró la Torre de Control “México” y la remodelación del Edificio Terminal; en 1994 se realizó la remodelación y apertura de la nueva terminal internacional y en 2007 se inauguró la Terminal 2, además de diversas obras de ampliación y remodelación entre 2001 y 2004. La actividad aeroportuaria en México ha crecido más rápidamente que la economía, alcanzando el límite operativo del actual Aeropuerto. Esta situación ha causado al país un rezago en infraestructura aeroportuaria y competitividad. El nuevo aeropuerto, que hasta ahora acumula una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos, es uno de los 3 mayores proyectos de infraestructura aeroportuaria a nivel mundial.

Entre los principales objetivos se tienen el de elevar la productividad de los trabajadores y de las empresas, así como fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las empresas y los productores (Plan Nacional de Desarrollo). Lo anterior se tiene plasmado en el Programa Nacional de Infraestructura, a través de proyectos como el del Puerto de Veracruz, el Tren Interurbano México-Toluca y el Tren rápido Querétaro-CDMX, el cual desafortunadamente se canceló y resulta fundamental recuperarlo.

La decisión de construir el NAICM en la Zona Oriente del Valle de México tiene un robusto sustento técnico y de sustentabilidad, visión social, ambiental y ecológica (importante reforestación), hidrológico (mitigación de inundaciones y riesgos sanitarios), de conectividad y movilidad, localización estratégica para el desarrollo, equilibrio urbano para la Zona Metropolitana y que generará desarrollo y empleo.

En el Simposio de Internacional de Mecánica de Suelos No Saturados que están organizando la Delegación Querétaro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Facultad de Ingeniería de la UAQ, uno de los tópicos que se abordará será la geotecnia en el NAICM, con la intervención de la Dra. Alexandra Ossa López (II-UNAM), evento que se realizará los días 19 y 20 de octubre en el Centro de Negocios del Campus Juriquilla de la UAQ.

La decisión de construir una obra de esta naturaleza se basa en los estudios llevados a cabo por especialistas, ingenieros y arquitectos expertos que analizan y diseñan, especialistas en planeación y finanzas. Todo ello se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Infraestructura.

Suspenderla, careciendo de argumentos técnicos y financieros estrictos, será funesto. Considerar una alternativa diferente es una gran responsabilidad, por todo lo que envuelve.

Más allá de preferencias políticas, los mexicanos esperamos que la administración de Andrés Manuel López Obrador, asuma el gran compromiso gobernar, con inteligencia y sabiduría.

La decisión relativa al NAICM no debe provenir de una consulta popular; ya la mayoría de los ciudadanos le confirió la ineludible responsabilidad de tomar decisiones, apoyado por los especialistas de cada ámbito de lo que será su administración. Sí resulta pertinente que se consulte a organismos profesionales públicos y privados competentes, con conocimiento técnico y financiero. Sí es justificado, y es una obligación de la nueva administración, revisar la viabilidad del proyecto, la legalidad del ejercicio de los recursos y los contratos relativos a la obra.

 

 

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