La nueva Reforma Educativa (RE) mutiló la oportunidad a millones de estudiantes de recibir educación de calidad, la cual impulsaba y favorecía la Reforma Educativa ahora abrogada. Esta nueva RE permite regresar a las viejas prácticas del poder ejercido, canonjías que tienen que ver con la corrupción, poder y dinero; devuelve los privilegios a los sindicatos y sobre todo a la CNTE, que no hace mucho realizó al bloqueo de vías férreas causando daños por miles de millones de pesos, lo que parece haber quedado en la impunidad.
Se decidió desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) para ser sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Se argumentó, por la CNTE, que la evaluación del INEE resultaba punitiva para los maestros, por lo cual exigieron que se eliminara el carácter punitivo. El INEE desde 2013 adquirió carácter autónomo y se le encomendó evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional, en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Algunos aspectos torales de la nueva RE se refieren a que la educación que imparta el Estado será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Con respecto a que sea gratuita pueden observarse consecuencias trascendentales, que hasta ahora no se alcanzan a dimensionar, en lo que se refiere al impacto económico y a la calidad de la educación, sobre todo en la que ofrecen las universidades autónomas públicas (UPAs), pero también en las instituciones de educación superior del gobierno federal.
Al ser la nueva RE producto de la nueva administración federal, debe hacerse plenamente responsable de otorgar los recursos económicos necesarios para que se cumpla el mandato constitucional, con impacto significativo en el presupuesto. Desafortunadamente, aquí lo primero que ocurrió fue la reducción de recursos a las universidades públicas, así como a la ciencia y la tecnología, además de recortes en diversos programas de asignaciones económicas fundamentales para las UPAs.
Si las instituciones de educación superior públicas permitieran ingresar a cualquier aspirante a la carrera de su elección y gratuitamente, sería una catástrofe en todos los sentidos, no es posible. Asimismo, asegurar la calidad de la educación requiere inversión en infraestructura humana y material. Entre los riesgos de aumentar la matrícula en la educación superior pública, sin contar con la infraestructura necesaria, está el colapso en la calidad de la educación, la que con mucho esfuerzo, disciplina y visión de futuro ha venido mejorando desde hace décadas, incluyendo el avance científico, tecnológico y la innovación, así como la cultura y las artes.
Los criterios de admisión y selección de alumnos a los programas educativos que se imparten en las UPAs deben ser definidos por las propias universidades en el ejercicio constitucional de su autonomía, lo mismo que las opciones de educación que impartan, las coberturas que les resulten factibles, los programas de estudio, sus líneas de investigación, su administración, cuotas por los servicios que prestan y normatividad interna.
La educación inclusiva es el modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos, con énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. Las UPAs, en la medida de sus posibilidades, han procurado y avanzado en ser inclusivas. Debe reiterarse que la autonomía que la Ley les otorga, incluye su facultad para gobernarse a sí mismas.
Ex Rector de la UAQ
