Nuestros niños y niñas, en peligro otra vez

Lídice Rincón Gallardo

El pasado 29 de enero, mientras una pipa de la compañía Express Nieto abastecía de gas a la cocina del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa en la Ciudad de México, se produjo una explosión que dejó tres bebés muertos, 73 personas heridas, de las cuales hasta el día de hoy 26 continúan hospitalizadas. Por televisión, observamos el caos, la confusión, el ir y venir de ambulancias y camiones de bomberos; escuchamos los testimonios de los padres y madres dolidos por haber perdido a alguno de sus hijos, también los de los familiares de las y los trabajadores que perecieron en el accidente, por la mala suerte de estar allí realizando la tarea diaria de cuidar a las madres y a sus hijos e hijas recién nacidos; y, también una vez más, oímos el cruce de declaraciones de funcionarios públicos y los directivos de la compañía de gas, intercambiando acusaciones, tratando de deslindar responsabilidades.

Después de Tlatlaya y Ayotzinapa, sabemos que las víctimas no son sólo aquellas que han caído de la protección del Estado, sino sobre todo las que el propio Estado ha creado a causa de su desatención o de su acción directa. En este último caso se encuentran, por ejemplo, los niños y niñas víctimas de la Guardería ABC, quienes perecieron o quedaron con lesiones permanentes, a causa de las malas condiciones del inmueble en que se subrogó una prestación social que debía ser otorgada de manera directa por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los niños y niñas heridos y muertos en este espacio sobre el que el Estado tenía la responsabilidad de vigilar las condiciones de seguridad, son víctimas de la corrupción, de la falta de seriedad en el ejercicio de la función pública y de una visión discriminatoria que desprecia las vidas de quienes están en contextos de vulnerabilidad más graves.

Por eso es que los hechos de Cuajimalpa inmediatamente nos trajeron a la memoria los niños y niñas de la Guardería ABC. Y por eso también es que no nos quedaremos conformes hasta saber que lo que allí ocurrió fue, efectivamente, un accidente y no un descuido humano remediable. Que no fue irresponsabilidad de la empresa por mantener transportes arcaicos o en malas condiciones; y que tampoco fue una negligencia de la autoridad al no dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones de la cocina del hospital.

Ahora bien, siempre en estos casos es la sociedad civil la que acaba sacando la cara por los vacíos que va dejando la autoridad. Primero que nada, quiero recuperar como una muestra de reconocimiento y respeto el caso de la enfermera Ana Lilia Gutiérrez, quien según relatan algunas compañeras de trabajo que lograron salir a tiempo del hospital, ayudó a salvar a por lo menos siete bebés, y cuando la encontraron bajo los escombros todavía tenía a uno de ellos entre sus brazos. Para los familiares de Ana Lilia, seguramente el dolor por su pérdida será atenuado por el orgullo al saber que ella hizo lo que muchos no seríamos capaces de hacer en su circunstancia, y que ella actuó cuando los representantes del Estado apenas estaban decidiendo qué hacer. Estos corajes cívicos son los que nos distinguen como sociedad mexicana, y los que nos hacen cuestionar la manera en que se ejerce el poder público en nuestro país.

En fin, ocurrió de nuevo que la violencia y la tragedia se depositaron sobre niños y niñas. No es posible que ellos y ellas, en una época de la vida en que más necesitados están de protección, sean quienes acaben pagando los platos rotos. El Estado tiene la responsabilidad de cuidarnos a todos y todas sin discriminación, pero en el caso de los más pequeños esta responsabilidad se vuelve superlativa.

Si el Estado no puede protegernos, ¿tiene razón de ser? Si las autoridades no pueden administrar adecuadamente –con justicia y de acuerdo al paradigma de los derechos humanos– los espacios públicos para el cuidado de la protección de niños y niñas, ¿no deberían mejor renunciar? Estas preguntas no admiten una sola respuesta. Las tenemos que contestar en conjunto, como sociedad que cada vez es más consciente de que las grandes tragedias humanas, en la mayoría de los casos, tienen autores con nombres y responsabilidades precisos. 

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