28 / julio / 2021 | 09:48 hrs.

Nuestros niños y niñas de la Guardería ABC

Lídice Rincón Gallardo

El 5 de junio de hace cinco años –en 2009– ocurrió uno de los hechos más vergonzosos en la historia de los derechos humanos en nuestro país: en una guardería de Hermosillo, Sonora, murieron 49 niñas y niños, mientras que 76 resultaron heridos a causa de un incendio fatal generado por las instalaciones inseguras y por la ausencia de salidas de emergencia. Esta guardería operaba bajo el modelo del servicio subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en condiciones que no eran ni de lejos las adecuadas para albergar con seguridad a niñas y niños.

Estos centros de cuidado y formación para niñas y niños tienen sentido porque hay muchas madres y padres que trabajan, y que tienen que depositar en terceros la responsabilidad del cuidado de ellas y ellos. Estas madres y padres, a cambio de los descuentos correspondientes al salario que perciben, esperan que sus hijas e hijos reciban cuidados, una atención ética y la supervisión de personas adultas responsables y capacitadas para tal función. Todo esto, en el caso de la Guardería ABC, no ocurrió.

Lo menos que debemos a estas niñas y niños es el deber moral de recordar sus nombres y la causa de su muerte y lesiones permanente. A ellas y ellos les debemos algo que denominamos justicia anamnética, es decir, aquella forma de justicia que consiste en fijar de manera permanente en la memoria colectiva aquellos hechos cuya atrocidad nos recuerda la existencia de zonas de impunidad e injusticia que debemos de atacar de manera prioritaria, si es que queremos consolidarnos como sistema democrático. Y aún así ni siquiera podemos acercarnos a imaginar el dolor que significa para un padre o una madre perder a una hija o hijo a causa de la irresponsabilidad de los funcionarios o funcionarias encargadas de administrar ciertos bienes públicos.

Por una parte, la concesión de la administración de un servicio como el cuidado de niñas y niños, en el caso de Guardería ABC, se realizó sin profesionalismo ni ética. Alguna persona del gobierno de Sonora consideró que no era importante verificar si el predio subrogado contaba con las protecciones y las salidas de emergencia para éstos niñas y niños, en caso de algún siniestro grave. Este hecho muestra, además, cómo las vulnerabilidades se van acumulando sobre grupos o poblaciones y, en casos extremos, generan lesiones permanente o la muerte.

Las niñas y niños que son hijos de padres y madres trabajadoras ya, de por sí, son depositarios de discriminaciones en los servicios educativo y sanitario; ellos y ellas tienen que dormir, comer y hacer la tarea en los espacios laborales maternos y paternos cuando no existen espacios adecuados para que permanezcan cuando sus padres y madres todavía trabajan.

Pero, por otra parte, el caso de la Guardería ABC –a cinco años de ocurrido– exhibe el tamaño de la impunidad en nuestro país. Hasta el día de hoy, ninguna persona del servicio público o particular se encuentra en la cárcel como consecuencia de la muerte de aquellas niñas y niños. Nadie ha sido responsabilizado ni nos hemos preocupado por tributar el respeto debido a los familiares, ya sea por la vía de compensación o el acompañamiento psicológico.

Recordar este hecho es, apenas, una forma mínima de justicia y solidaridad hacia quienes lo perdieron todo. Por lo pronto, no debemos escatimar ninguna forma de acompañamiento o solidaridad para los padres y madres que perdieron a sus hijas e hijos hace cinco años. El camino que habremos de continuar transitando hacia la igualdad de trato, aún es largo, pero como decía Gilberto Rincón Gallardo “…debemos concebirnos a nosotros mismos, siempre por delante de los acontecimientos, por delante de los otros; tener como jesuita, siempre una misión que cumplir” y mi misión es la construcción de un México justo y democrático. Mi solidaridad para todas y todos quienes siguen siendo invisibles ante los ojos de la ley; mi solidaridad para aquellas niñas y niños muertos y vulnerados aquél trágico 5 de junio de 2009.

*Directora del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

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