No a la criminalización de la protesta social

Lídice Rincón Gallardo

Para los 43 que a todos y todas nos siguen faltando

La evolución del paradigma de los derechos humanos no es un proceso dirigido por el poder político o controlado desde los estándares internacionales, y más bien tiene un componente civil que no se puede soslayar. Así, aunque gobierno e instancias internacionales como el Sistema de Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos pueden influir en la agenda nacional y multilateral de temas a destacar, siempre es la sociedad civil la que con sus exigencias y su pulso vivo determina la manera en que va evolucionando la visión y la vivencia de los derechos humanos en los espacios locales y en las dinámicas sociales particulares.

Así, en los últimos años hemos sido testigos de la emergencia de lo que se ha dado en llamar el derecho a defender derechos humanos, en el contexto de un muy particular ambiente de criminalización de la protesta social. Éste ha hecho a la sociedad civil exigir condiciones de seguridad y respeto a las voces de disidencia que –en democracia– tienen derecho a algo tan legítimo como expresar críticas a los gobiernos y sus acciones que inciden en los derechos humanos.

¿Por qué digo que actualmente existe un ambiente generalizado de criminalización de la protesta social? El día de hoy, las marchas y las protestas, son observadas como un mal mayor, como producto de personas rijosas que buscan el pretexto para delinquir y hacer fechorías. Y esto no es así, al menos no en todos los casos. Aceptando que todas las personas tenemos el mismo derecho a ocupar las calles y vialidades de nuestra ciudad, y que deberían destinarse más espacios públicos exclusivos para las concentraciones de personas que protestan, tenemos que reconocer que muchas de las libertades que hoy damos por sentadas fueron producto de la solidaridad y la movilización públicas, expresadas en marchas históricas.

Entre éstas, recordemos a las que articularon los estudiantes durante la década de 1960, los familiares de desaparecidos políticos durante la Guerra Sucia, los movimientos a favor de los derechos de la diversidad sexual a partir de la década de 1970, las grandes concentraciones de personas exigiendo seguridad ciudadana en sus ciudades o el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que lideró en su momento Javier Sicilia. Que todas estas personas tenían la razón, eso ya lo sabíamos. Que la fuerza moral de la verdad y la justicia, así como las razones del derecho, estaban de su lado, esto también era de sobra conocido. Pero se necesitó el despliegue público de toda esa indignación civil para que el gobierno sintiera la necesidad de actuar, de responder a las demandas ciudadanas de justicia que hacían observar como de interés común a las violaciones a derechos humanos que quizá no nos habían ocurrido de manera directa. Que en el pasado reciente existieran personas capaces de alzar la voz contra el régimen, expresar esa voz en razones de justicia que fueran capaces de generar solidaridad social y también capaces de tomar las calles con miedo, es lo que ha permitido que hoy protestar sea más sencillo. Al menos, con la certeza de que cualquier acción de represión no caerá en el olvido y será observada por una multitud de ojos ciudadanos. Eso hay que tomar en cuenta –esta perspectiva histórica–, a la hora de descalificar y criminalizar a quienes protestan en espacios públicos o foros virtuales.

Ahora bien, dado que protestar y criticar al gobierno por aquellas acciones que lastiman los derechos, la seguridad humana y la integridad de las personas se ha vuelto una actividad que puede generar riesgo y peligro, es que las organizaciones y activistas han reclamado la existencia de un derecho a defender derechos humanos. ¿Cuál es la razón? Los derechos son realidades hasta que los gobiernos particulares los protegen, crean las condiciones para su ejercicio y consideran como su deber remediar aquellas condiciones de desigualdad y precariedad que vuelven difícil el acceso a ese derecho para ciertas personas y poblaciones estigmatizadas con la discriminación.

En el momento presente, tenemos que pensar lo que tenemos que cambiar institucionalmente y las rutinas sociales que debemos modificar para que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho a defender derechos humanos, sin miedo, sin discriminación, y con la convicción de que nuestros reclamos de justicia no caerán en el vacío.

A esta luz es que tenemos que observar todo el movimiento social generado por los actos atroces ocurridos en Ayotzinapa. Desde allí se nos reveló que cualquiera de nosotros, en el México actual, podría desaparecer sin dejar rastro, y que es nuestro deber alzar la voz para denunciarlo y obligar al gobierno a crear las condiciones de justicia para aclarar los hechos y, también, establecer garantías de no repetición. Por eso es que hoy, más que nunca y con la conciencia dolorida a causa de constatar el México violento en medio del cual vivimos, tiene sentido reivindicar el derecho a defender derechos humanos y rechazar cualquier tentativa de criminalizar la protesta social. 

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