No hubo estallido social…

Jorge Camil

Una vez salvado el delirante conflicto poselectoral el país se dirige a la normalidad. Enrique Peña Nieto reconoció la necesidad de convertir nuestra “democracia esencialmente electoral” en una “democracia de resultados”, un concepto también conocido como “democracia incluyente”. Con ese título publiqué en 2001 un texto que analizaba la democracia como puente de unión entre la avaricia del mercado y la justicia social. La búsqueda de esa unión ha resultado en propuestas como la tercera vía, el capitalismo con rostro humano, y finalmente la democracia incluyente que propone Peña Nieto.

En el marco de la III Cumbre de las Américas en 2001, Hugo Chávez aceptó la “cláusula democrática” propuesta por algunos países miembros, siempre y cuando el nivel democrático de los países americanos se midiese conforme al criterio de la democracia “participativa” y no “representativa”. Esa postura era consistente con el concepto de “democracia incluyente”, impulsada por quienes consideraban que las democracias representativas habían resultado en sociedades desiguales y polarizadas. Por eso es importante la propuesta de Peña Nieto.

Como la estridencia de los inconformes amenazó con un estallido social, no debe pasar inadvertida la normalidad de la elección. Participaron casi 50 millones de electores, un récord histórico, y los votos femeninos contribuyeron con el 51% del resultado. Tres millones de ciudadanos participaron como funcionarios de casilla o vigilantes del proceso, y el IFE hizo el recuento de 78 mil paquetes electorales sin encontrar evidencia alguna de un fraude “a la antigüita”.

Josefina Vázquez Mota, primera candidata presidencial surgida de un partido en el poder, compitió por la candidatura contra los deseos del Presidente, y obtuvo casi 13 millones de votos en la elección general. Ernesto Cordero, candidato de Calderón, es hoy presidente del Senado.

Tras 12 años de gobiernos panistas los comicios resultaron en una segunda alternancia. Y aunque la izquierda no ganó la Presidencia, el PRD se instaló como segunda fuerza política. Por solidaridad con López Obrador se sumó a la impugnación del Movimiento Progresista, que fue rechazada por unanimidad en el Tribunal Electoral. Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente, declaró que desde el punto de vista jurídico el recurso de inconformidad se perdió en generalidades y no aportó pruebas específicas de violaciones a la Constitución; no tuvo “ni la calidad ni la elegancia esperada en un recurso de esa naturaleza”.

Contribuyendo a la normalidad, Jesús Zambrano aseguró que el PRD “no es un partido golpista”, y que no tomará la tribuna del Senado por el tema de la reforma laboral; se mostró inclinado a dialogar. Sería un error desperdiciar los privilegios obtenidos por sus legisladores y gobernadores.

El presidente electo se ha reunido en cinco ocasiones con Felipe Calderón para discutir la transición, y sus equipos discuten de manera institucional las agendas de seguridad, desarrollo social, energía y presupuesto. Rosario Robles, responsable del área social en el equipo de Peña Nieto, trabajó en Los Pinos con el secretario panista Heriberto Félix. (Después Robles publicó en Milenio (10/06/12) un excelente artículo con cifras alarmantes sobre la desigualdad. Propone una política para que millones de compatriotas caminen hacia la “inclusión social” y se vuelvan parte del proyecto nacional.)

Apoyada por el PRI, la iniciativa preferente de Calderón sobre la reforma laboral fue aprobada en la Cámara. Y aunque no satisface a todos está en el Senado. Es posible que ahí se le añadan los temas de transparencia y democracia sindical que piden el PAN y la iniciativa privada.

Sólo López Obrador sigue igual. Aunque en días pasados reconoció que “no es fácil iniciar un nuevo partido”. Tiene razón, es más fácil vender la franquicia del nombre a otros partidos...

 

Analista político

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