Cuando hay personas armadas en las carreteras, sin supervisión, sin entrenamiento, sin rendición de cuentas, la consecuencia previsible es que haya heridos y muertos inocentes. Ese hecho no cambia aunque las personas armadas sean pobladores que dicen autodefenderse del crimen. Los ejemplos comienzan ya a aparecer en el suroeste de México.

El pasado fin de semana un auto con seis turistas provenientes del Distrito Federal fue atacado y una persona resultó herida en un retén instalado en la comunidad de Las Mesas, en el municipio de San Marcos, cuando se dirigían a pasar el fin de semana en Playa Ventura. La Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) reconoció haber disparado, pero echó la culpa a los turistas: fue una “imprudencia” que no se detuvieran en el retén, dijeron.

¿Cómo iban los turistas a confiar en que un grupo de encapuchados con armas eran gente de fiar? Más de un ciudadano en México preferirá arriesgarse a ignorar un retén de enmascarados en vez de detenerse y quedar a su merced. Sobre todo por el historial de apropiación de carreteras por parte del crimen organizado.

Las guardias comunitarias no son autoridad para exigir a nadie frenar el paso en las vías públicas, a cuyo uso tiene derecho todo mexicano. Permitirles seguir ostentando ese poder derivará en más incidentes.

De hecho, el de los turistas capitalinos no fue el primer altercado cometido por las guardias comunitarias. El pasado 22 de enero un joven de nombre Benito García fue asesinado, según un grupo de autodefensa, porque trató de huir para no ser detenido. Argumentan los pobladores que era un delincuente, dicen sus familiares que sólo era un chofer. ¿A quién creer cuando la autoridad no existe?

La razón por la que grupos de derechos humanos nacionales e internacionales han pedido que el Ejército vuelva a los cuarteles en México lo antes posible es porque, para evitar abusos, los cuerpos armados deben estar bajo mando civil, recibir entrenamiento que les permita acercarse a la población y un marco legal con obligaciones que prevengan arbitrariedades. Son características ajenas a cualquier grupo vigilante que no sean las policías legalmente constituidas.

Dos personas han sido heridas y una asesinada. ¿Quién ha rendido cuentas por ello? Nadie hasta ahora. Esa es la diferencia.

Sin importar las razones, en este país ningún ciudadano debería tener el derecho de disparar a otro. Porque la legitimidad no la otorga el número de personas que respalde una decisión, y porque la justicia no se puede conseguir con la mera percepción de quienes portan las armas.

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