No es ‘Mamá Rosa’

Elena Azaola Garrido

Considero que lo que ha ocurrido en torno al albergue de Mamá Rosa reúne una cadena muy amplia de severos desaciertos y hechos desafortunados que, sobre todo, han tenido consecuencias lamentables para los niños.

Sabemos que el origen es la existencia de niños en situación de abandono, orfandad o que han sufrido todo tipo de malos tratos, abusos, violencia y negligencia. Pensar que alguien dedique su vida a hacerse cargo de estos niños es, sin lugar a dudas, loable y respetable. Darse cuenta, sin embargo, de la situación en la que estos niños fueron encontrados en medio de la inmundicia, en condiciones de vida indignas y siendo objeto de nuevos abusos, malos tratos y de ser retenidos en contra de su voluntad y la de sus padres, es otra desgracia.

En este sentido, celebro la intervención de la PGR que debió haber tenido lugar hace mucho tiempo pues desde hace años había denuncias que no fueron atendidas entre otras cosas porque Mamá Rosa, una persona sin duda excepcional, se había convertido en un factor de poder no sólo a nivel regional sino también nacional e incluso internacional.

Pero creo que no es en ella ni en su compleja personalidad, que suscita todo tipo de controversias, en donde nos debemos centrar. Me parece que el debate ha perdido su rumbo porque no se ha centrado en donde debería ubicarse: en el hecho de que este caso ha puesto de manifiesto la enorme debilidad, la enorme fragilidad, si no es que la inexistencia de una política de asistencia social del Estado mexicano. Por poner sólo un ejemplo evidente, el DIF es una institución a la que se le han ido quitando desde recursos hasta facultades, hasta dejarla reducida a su más mínima expresión, siendo que debería desempeñar un papel crucial en el diseño y ejecución de las políticas de asistencia social. Constituye parte de la cadena de desgracias a la que me refiero que esta institución, la cual debería haber supervisado lo que ocurría en el albergue de Mamá Rosa, no sólo no lo hiciera sino que durante años continuó engrosando su población con niños de los que el Estado se desentendía canalizándolos a ésta y a otras instituciones similares.

Hay muchos responsables en esta tragedia. Los directivos de la institución, desde luego, pero ellos actuaron en la ausencia de límites, normas, procedimientos y supervisión por parte del Estado. Otros responsables, por mencionar unos cuantos, fueron también los jueces que otorgaron durante años a Mamá Rosa la tutela de cientos y miles de niños que llevan sus apellidos. Nadie en su sano juicio puede exigir ni pretender que esta mujer o cualquier otra persona fuera capaz de criar como sus hijos a los 500 niños que se hallaban en la institución al momento de la intervención por parte de la Procuraduría ni los miles que por años vieron transcurrir sus vidas detrás de esos muros. Difícil asignar responsabilidades a todos los que han contribuido a esta enorme cadena de desaciertos, de ausencia de Estado, de ausencia de una política de asistencia social del tamaño y de la calidad que requiere con urgencia nuestro país. Que los niños no son ni han sido la prioridad del Estado mexicano queda muy claro. Que el Estado lo ha abandonado en manos de todo tipo de organizaciones sin supervisión alguna, sin límites, sin exigencias y sin estándares para su atención, también queda muy claro.

No nos extrañe que este grave descuido hacia la infancia tenga efectos que sigan reproduciendo la violencia en nuestro país. No quiero decir con ello que todos los niños que han pasado por éste u otros albergues tengan necesariamente un destino funesto. Lo que sí es seguro es que sus capacidades y su potencial de desarrollo y bienestar habrán quedado reducidos de manera irremediable. También muy posiblemente su capacidad para actuar como ciudadanos responsables y respetuosos de los derechos de los que ellos nunca gozaron, habrá quedado seriamente comprometida. De hecho, uno de los problemas que considero más graves en lo que ocurría en el albergue es el haber retenido a niños y jóvenes en contra de su voluntad y el no haberlos preparado e impulsado para reincorporarse a la sociedad como personas autónomas y con capacidades por desarrollar y responsabilidades con la sociedad.

En resumen, considero que hay lugar para la intervención de la justicia y el deslinde de responsabilidades si, y sólo sí, éste fuera el inicio de una reestructuración a fondo de la política y de las obligaciones del Estado para con la infancia. De otro modo, castigar a unos cuantos no hará diferencia alguna y la cadena de desgracias continuará su rumbo de manera inexorable. La actuación de la justicia debe ser sólo el primer paso de un cambio de rumbo que, si no tiene lugar, todos continuaremos pagando las consecuencias.

Académica

Comentarios