En marzo, fueron asesinadas aproximadamente 3,100 personas. Conoceremos la cantidad precisa el 22 de abril, cuando se hagan públicas las cifras correspondientes al mes pasado, pero pueden apostar a que el dato oficial se ubicará en torno a ese número.
Con eso, se han acumulado aproximadamente 8,700 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en lo que va de 2019. A este ritmo, vamos a cerrar el año con un total de 36 a 37 mil víctimas, 10 a 12% más que en 2018.
Es decir, no hay aún señales de que la escalada de violencia homicida se esté frenando. Pero, según el gobierno, eso podría cambiar en los próximos meses. Ya viene la Guardia Nacional y, con ella, se podrá desplegar personal federal en todo el país. Allí está el ejemplo de Tijuana, donde el promedio diario de homicidios disminuyó 20% en marzo, a resultas (según la versión oficial) de una mayor presencia de fuerzas federales. Sólo es cosa de replicar la misma estrategia a nivel nacional.
¿Pero es eso posible? Tengo mis dudas.
En Tijuana, según lo declarado hace un par de semanas por el titular de Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, se han desplegado 2,231 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Es decir, habría en Tijuana 1.6 elementos federales por cada mil habitantes.
Si se quisiera replicar esa densidad en todo el país, se requeriría desplegar a aproximadamente 200 mil integrantes de fuerzas federales.
No los hay ni los va a haber en el futuro previsible. Según Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional tendrá 82,000 integrantes. Dudo mucho que se alcance ese total (por razones descritas aquí: https://bit.ly/2HXytNZ), pero démoslo por bueno para fines del argumento. Asimismo, se ha planteado el reclutamiento de 30 a 50 mil elementos adicionales en los próximos tres años. Esa meta también es cuestionable, pero asumamos que se logra. Es decir, en el mejor de los casos, la Guardia Nacional tendrá de 112 a 132 mil integrantes en 2021.
Eso todavía nos dejaría de 68 a 88 mil elementos por debajo del número requerido. Para cubrir ese déficit, se podría recurrir a más personal militar (algo que es constitucional por los próximos cinco años).
Pero hacer eso, significaría estirar gravemente las capacidades de Sedena y Semar. En 2018, había 269 mil soldados y marinos. Resten los 43 mil elementos trasladados a la Guardia Nacional. Quedarían 226 mil integrantes en las Fuerzas Armadas.
Pero una buena parte de esos elementos no son utilizables en tareas de seguridad pública. Hay personal administrativo, en el sistema médico militar, en los planteles del sistema educativo militar, etc. Y los números no son menores: la Sedena, por ejemplo, cuenta con más de 13 mil médicos y enfermeras.
Además, tanto la Sedena como Semar tienen tareas indeclinables: vigilar el espacio aéreo, patrullar costas, resguardar instalaciones estratégicas, proveer apoyo a la población en casos de desastres naturales, etc. No todos los militares se pueden ir de policías.
Pero asumiendo que fuese posible dedicar 68 a 88 mil elementos militares adicionales a tareas de seguridad pública, se tendría una densidad de fuerzas federales que, en Tijuana, ha logrado reducir 20% el número de homicidios. Es decir, si eso se diera a nivel nacional, nos regresaríamos de 2019 a 2017, el segundo año más violento de la historia del país.
Entonces no, no dan ni darán los números para reducir significativamente la violencia por la vía del despliegue federal. La solución pasa más bien por fortalecer las policías estatales y municipales, así como el aparato de procuración de justicia. Es decir, por donde el gobierno no está poniendo el ojo ni dedicando recursos.
