El pasado lunes 17 de septiembre los habitantes de la Ciudad de México amanecieron con una primera Constitución creada por iniciativa de la administración de Miguel Ángel Mancera el 31 de enero de 2017. Entró en vigor un año siete meses después de promulgada. Ahí encontraron que la Asamblea Legislativa ahora sería Congreso y lo integrarían 33 mujeres y la misma cantidad de hombres; también que dejaba de estar sometida a la Federación. En 71 artículos, 40 transitorios, registran que las delegaciones serán hoy alcaldías, con más atribuciones, autonomía presupuestal, y donde las consejerías acompañarán a los alcaldes a tomar decisiones, y que estos podrán reelegirse hasta por un periodo adicional.
Incluye el derecho a una “voluntad anticipada” y muerte digna, esto es, decidir si queremos ser sometidos o no a tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen la vida cuando estemos en etapa terminal y sin posibilidad de recuperar la normalidad, siempre “protegiendo nuestra dignidad”. Este punto pasó a pesar de la oposición panista.
Se reconoce igualdad de derechos a familias de parejas pertenecientes a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales (LGBTTTI), con o sin hijos, que estén bajo el matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil; el derecho al aborto persiste como derecho de los capitalinos, y se permite el uso de la mariguana para usos medicinales, pero no recreativos.
La constitución fue promovida por el PRD desde 2015. Entre los cien constituyentes estuvieron la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el líder de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; los ex aspirantes presidenciales, Armando Ríos Píter y Santiago Creel; también los actores Bruno Bichir y Héctor Bonilla, quienes concluyeron los trabajos el 31 de enero de 2015, y la promulgaron el 5 de febrero de 2017, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Establece, entre otras cosas, que los funcionarios de la Ciudad ya no tendrán fuero, salvo los diputados locales, y eso para garantizar la libre expresión en la tribuna del Congreso local, y los de más alto rango podrán estar sujetos a un proceso de revocación de mandato mediante consulta ciudadana.
En derechos humanos, Alejandro Encinas, quien presidió la Constituyente, señala que esta Constitución es laica de derechos, con un alto contenido social, y su eje vertebrador no es la autoridad, sino las personas; reconoce además la diversidad cultural de esta ciudad cosmopolita y plantea un compromiso serio para enfrentar y revertir la desigualdad estructural que prevalece en la urbe. Refrenda a la ciudad como espacio de libertades, respeto a las creencias religiosas y convicciones filosóficas; la libertad de expresión y manifestación de ideas; el libre ejercicio del periodismo; además de que, una de las principales aportaciones al desarrollo democrático social e institucional es el establecimiento de mecanismos para la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos de las personas, así como de las distintas formas de organización para exigir su protección y cumplimiento.
Entre las nuevas atribuciones en derechos humanos, destaca Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, está definir los supuestos de violaciones graves a derechos humanos; propiciar procesos de mediación y justicia restaurativa e interponer ante la Sala Constitucional juicios de restitución obligatoria.
Llama la atención que su entrada en vigor casi pasó inadvertida, tanto por el gobierno saliente como por el gobierno entrante. Es sorprendente que aquellos actores políticos que la impulsaron vehemente han dejado de darle un seguimiento puntual al reto de confeccionar lo necesario para cumplir en el tiempo establecido por el Constituyente de la Ciudad de México.
Habrá que ver cómo se las arregla el nuevo gobierno de la Ciudad y de las alcaldías para cumplir con tantos derechos y responsabilidades que esta Constitución consagra, pero, sobre todo, para dotarlos y hacerlos efectivos.
