Los escándalos de Emilio Lozoya Austin y sus presuntos acuerdos con la contratista brasileña Odebrecht —ahora potenciados por las grabaciones de exespías israelíes que revelan sobornos a exfuncionarios de Pemex y sugieren financiamientos ilegales a la campaña presidencial de Peña Nieto— parecen no importar muchos a los actuales directivos de la petrolera mexicana.
  
Al menos dos de ellos ya negocian la renovación de un contrato con Braskem-Idesa, filial de Odebrecht, que le ha provocado pérdidas a Pemex, estimadas en tres mil millones de pesos, al venderle gas etano por debajo de su costo real a la planta petroquímica que dicha empresa de capital brasileño y mexicano llamada Etileno XXI opera en el sur de Veracruz.
  
La negociación en marcha —según se infiere de un documento interno de Braskem-Idesa, firmado por su director general Stefan Lanna Lepecki y dirigido y recibido el pasado 18 de julio pasado por la directora jurídica de Pemex, Luz María Zarza Delgado— pretende renovar por tres períodos de cinco años, es decir, quince años más, un contrato firmado el 19 de febrero de 2010, con vigencia de diez años, durante el gobierno de Felipe Calderón, pero modificado el 3 de diciembre de 2012, a dos días de iniciado el de Enrique Peña Nieto.
  
El contrato modificado resultó muy ventajoso para Braskem-Idesa y perjudicial para Pemex. La petrolera mexicana se comprometió a suministrarles 66 mil barriles diarios de etano al 38 por ciento de su precio real. Para satisfacer lo acordado y no pagar una multa por incumplimiento (pagos consecuenciales) de hasta 300 millones de dólares (cinco mil 877 millones de pesos al tipo de cambio actual), Pemex ha tenido que recortar 30 por ciento el suministro de etano a sus propias petroquímicas de la Cangrejera, Pajaritos y Morelos.
  
Con la caída en la producción de ese gas y para poder satisfacer el suministro comprometido con Etileno XXI (en operación desde 2016), Pemex licitó el 23 de mayo de 2018 la importación de 720 mil toneladas de etano a una filial del consorcio árabe Saudi Arabian Basic Industries Corporation (SABIC) para el período comprendido entre el año pasado y 2020, por cuatro mil 500 millones de pesos.
  
El documento de Braskem-Idesa refiere una reunión celebrada el pasado 3 de abril en la que se acordó la conformación de un equipo, con la participación de la subdirección de Comercialización de Pemex Transformación Industrial a cargo de Alma Griselda Cervantes Padilla, del que resultó ya una propuesta que, entre otras cosas plantea mantener el subsidio al etano a cambio de reducir el monto de las multas por daños consecuenciales, invertir para aumentar la producción local de ese gas e iniciar de inmediato el desarrollo de una nueva terminal de importación de etano.
  
Al iniciar el gobierno de AMLO se dijo que serían revisados todos los contratos de Pemex, incluido el aquí referido. La negociación en marcha con las desventajas para la petrolera mexicana aquí referidas ¿llevará ya el visto bueno del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza o, una vez más, se está pasando por encima de los intereses de la petrolera mexicana tal y como se hizo en el gobierno de Peña Nieto?
  
Alguien tiene que poner atención en este tema. Aún hay tiempo para hacerlo.
(En este vínculo puede consultarse el documento de Braskem-Idesa https://interactivo.eluniversal.com.mx/online/pdf-19/braskem-pemex.pdf )
 
Instantáneas:

1. REVOCACIÓN. Con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el Senado aprobó las reformas constitucionales para la revocación de mandato y la consulta popular. En la construcción de la mayoría calificada se dejó sentir la mano negociadora del presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, que consiguió incorporar a la minuta avalada por los diputados tres puntos que la oposición demandaba: que la consulta de revocación se realice hasta que se cumpla la mitad del mandato (diciembre de 2021) y no el día de las elecciones federales; que no sea el Presidente quien la solicite sino un porcentaje de ciudadanos inscritos en el padrón electoral; y que sea organizada por el INE. La estrategia de Monreal involucró a todas las fuerzas políticas, incluido el PAN, en la elaboración del acuerdo. Sin embargo, los senadores del blanquiazul acabaron por votar en contra. Su líder, Mauricio Kuri, dijo “reconocer la apertura de Morena para hablar” pero explicó que su voto era en contra “porque no creemos en este gobierno”. Así, sin que hubiera de por medio una razón jurídica, se empezó a especular que los senadores panistas no resistieron la presión de sus dirigentes nacionales.

2. NUEVOS PARTIDOS. De las más de cien solicitudes para conformar nuevos partidos políticos, la que avanza a paso más firme es la de Redes Sociales Progresistas que a finales de noviembre podría haber completado los requisitos que exige el INE para su registro provisional. Una pugna interna, sin embargo, podría hacerlos naufragar. Juan Iván Peña Nader, fue removido en días pasados como representante legal de la organización y en su lugar quedó el exsubsecretario de Educación, Fernando González y yerno de Elba Esther Gordillo. A Peña Nader, por cierto, se le recuerda porque estuvo preso tras haber sido acusado de tejer una red de corrupción para la instalación de casinos en el gobierno de Felipe Calderón.

3. MORENA. La lucha interna por la dirigencia de Morena va dejando saldos muy negativos para el hoy partido en el poder. Un ejemplo más se pudo ver recientemente en Cancún, donde su alcaldesa, Mara Lezama, fue denunciada por el fundador de Morena en Quintana Roo, Erick Sánchez Córdova. La acusa de intromisión y de usar toda la infraestructura del municipio más importante del país en cuanto a la captación de divisas turísticas, para comprar conciencias o votos y ofrecer incluso cargos en la nueva dirigencia. Sánchez Córdova señala que Lezama tiene en la dirección de Desarrollo Social del municipio a Enrique Baños, un operador expriista con vasta experiencia en “mapacherías” electorales. Asegura que la intromisión es mayúscula, ya que identifica a Lezama como aliada del gobernador panista-perredista Carlos Joaquín. Dicen los que saben de las grillas locales que la alcaldesa de Cancún operó recientemente en la integración del Congreso (en el que Morena tiene mayoría con el Verde), para cederle el control de sus órganos de gobierno a los escasos legisladores del PAN, tal vez para preparar una salida tersa de Joaquín quien concluye su gobierno en 2022.