No al incremento de las dietas de los diputados

Arnulfo Moya Vargas

Dos argumentos falaces contiene la explicación del incremento de las dietas de los diputados y que expone el señor Roberto Cabrera Valencia, presidente de la Mesa Directiva de la actual legislatura: 1) que el incremento lo hicieron sus antecesores; y 2) que el incremento a 87 mil pesos mensuales corresponde al sueldo de un director de área, debajo del sueldo del gobernador y de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Con respecto al primer elemento habría que informarle al diputado presidente que, si bien pudiera haber sido autorizado el incremento por parte de los anteriores diputados, no era necesario que los actuales aceptaran dicho favor oficioso dada la situación de crisis económica y de limitaciones, lo que es una verdadera ofensa para la mayoría de la población que difícilmente puede entender cómo es que existe un incremento del noventa por ciento para los diputados cuando el crecimiento de la economía escasamente ha alcanzado el 2 por ciento, con la disminución tan evidente en los ingresos salariales de los habitantes. Basta un acuerdo de la Cámara para eliminar dicho incremento y no asumir una herencia de un incremento que a todas luces la población lo percibe como insolidario, y más si proviene de quienes se ostentan como los representantes del pueblo.

La segunda falacia de que por ser menores las dietas de los diputados a las percepciones de los secretarios y de los magistrados se deben incrementar, no se sostiene. Son poderes diferentes, obedecen a una naturaleza diversa, y mal hace el diputado presidente en asumir esa comparación ya que en todo caso, si era esa la preocupación sobre la desproporción, hubiesen mejor disminuido el salario de los secretarios y magistrados sin impactar de forma negativa la hacienda pública estatal.

La ilicitud que se comete por la actual legislatura no tiene justificación, ni legal ni económica ni política. No es legal porque cada año se autoriza un presupuesto de ingresos y egresos que considera las percepciones de todos los funcionarios, incluidos los diputados. La vigencia es anual y si la anterior legislatura cometió el error de hacer los incrementos de dietas para los actuales, violentó el presupuesto. Y al no haber causas que justificaran el cambio legislativo a mitad de año, menos aún se puede legalizar el incremento: prorrogó una competencia finita en el tiempo hasta el 27 de septiembre pasado y ello no es vinculante para la actual legislatura.

Y es una ilicitud porque se rompe el principio de imparcialidad de los servidores públicos, así sean de elección popular al ser ellos mismos jueces de sus propios actos legislativos, y beneficiarse de forma directa de una facultad de autorización de dineros públicos, abusando de forma flagrante y desviando el uso del poder que les fue encomendado. También hay un fraude a la ley por los anteriores y por los actuales diputados al traicionar el principio que debe gobernar el ejercicio de las facultades hacendarias, como lo es el interés de la sociedad. Difícilmente es de interés social el incremento del 90 por ciento para las dietas de los representantes.

Es una medida antipolítica al verificarse en contra de la línea de austeridad del señor gobernador, enunciada el pasado primero de octubre cuando realizó la crítica y repudio a la mala herencia por el uso de los dineros públicos del anterior sexenio. Muestra una incongruencia entre lo que se dice con lo que se hace y a estos efectos, aunque sean poderes diferentes, para la ciudadanía existe un bloque en el poder que se identifica y expresa en un partido que se regodea de ser quien combatirá la corrupción de los priístas. Sí, señores diputados locales, el incremento ilegal, por ilegítimo, se llama corrupción y es una ofensa para la población en estas horas de crisis.

Es una medida antipolítica porque se envía un mensaje de que los que llegan son iguales o peores a los que se fueron, y eso es traicionar la confianza de la población que esperanzada votó de forma contundente precisamente contra esta forma patrimonialista de ejercer el poder y apropiarse de la riqueza pública.

La independencia de los parlamentarios, en caso de que los actuales diputados lo sean, se basa en el ejercicio real y auténtico del poder que le confiere la Constitución para defender los intereses de la población. Esa fidelidad al mandato del 7 de junio pasado es la fuente de su poder, no los incentivos reales o imaginarios que se reciban como las dietas u otros resortes, ajenos al bien público colectivo. Los emolumentos de los funcionarios públicos siempre debieran de ser modestos, e inclusive equiparables al salario mínimo profesional, —el cual por cierto muchos de los diputados no podrían obtener fuera del mercado de la política— para evitar que la política sea hoy prisionera de los mercaderes de la ley o de los brujos y artistas del marketing político.

 

Abogado

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