No obstante que vivimos en el siglo XXI, aún seguimos presenciando conductas repugnantes y reprobables que lastiman sensiblemente a nuestra sociedad.

La violencia de género sigue presente y sus efectos se muestran descaradamente, desafiando nuestra sensibilidad y humanidad.

Lo recientemente acontecido en el municipio de Tequisquiapan, Qro., es una tragedia que muestra sólo la “punta del iceberg” de un problema mayor y sintomático, un cáncer que antes se focalizaba en Ciudad Juárez o en el Estado de México, y que ahora se ha esparcido a todo el territorio nacional.

La pregunta es ¿estamos preparados para afrontarlo y erradicarlo?

El tema es de relevancia mundial, pues la violencia contra las mujeres no es exclusiva de un país o región, sino que se presenta en diferentes latitudes y sectores de la sociedad.

No obstante que la comunidad internacional ha emitido varias convenciones con el ánimo de erradicar ese tipo de conductas y que se han realizado las adecuaciones necesarias en el marco jurídico nacional, desde la Constitución General de la República, pasando por la emisión de una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y sus homólogas estatales; el tema sigue presente y en crecimiento.

Las cifras son desalentadoras.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a mayo de este año se han registrado 369 feminicidios en el país, manteniendo una tendencia de 73 casos por mes.

Aunado a ello, a la misma fecha se han registrado 9,589 casos de abuso sexual, 1,604 casos de acoso sexual, 5,395 de violación simple y 1,529 de violación equiparada, en donde la mayoría de las víctimas son mujeres.

Lo anterior demuestra que el Estado no está siendo efectivo en el combate a este tipo de prácticas.

Al parecer, no estamos dirigiendo correctamente la estrategia preventiva o existen factores que no han sido considerados al momento de atender el problema.

Ello debe ser objeto de un análisis más profundo y exhaustivo, pero además de mayor planeación y efectividad en la ejecución de las políticas públicas.

El cúmulo de normas declarativas que hemos conformado, no sirve de nada si las instancias ejecutoras no abordan el tema de forma integral y con seriedad, dándole la atención merecida a cada caso de violencia por mínimo que sea, pues no es broma cuando decimos que las pequeñas acciones pueden evitar grandes catástrofes.

La violencia que impera en nuestra sociedad y, especialmente, aquella ejercida en agravio de las mujeres, debe ser atendida de forma integral y unificada, mediante instrumentos eficientes que permitan un trabajo coordinado, efectivo y organizado entre instituciones.

Por el momento, corresponde a cada uno de nosotros, y principalmente a quienes estamos en el sector público, aportar nuestro “granito de arena” en el fortalecimiento de las instituciones y los mecanismos de prevención, pues no debemos olvidar que el mensaje de la sociedad ha sido claro y contundente…!NI UNA MÁS!

Diputada local del PRI @AbigailArredondoRamos @AbiArredondo