En asamblea establecida el 25 de noviembre de 1999, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprueba que en esa fecha se celebre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria del asesinato de las tres hermanas Mirabal, ocurrido en 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana.

Querétaro 2012: septiembre, el encargado de la Procuradruría General de Justicia del estado, con motivo del señalamiento de la sociedad ante la desaparición de mujeres en la entidad, (y documentado por el semanario Proceso edición 1,872), declara: “Las desaparecidas no representan una problemática importante”.

El 28 de octubre es encontrado el cuerpo descuartizado de una mujer en el bordo La Barreta, ubicado en Pie de Gallo, en la comunidad de Santa Rosa Jáuregui.

22 de noviembre: el cuerpo de una mujer con signos de violencia y un disparo en la cabeza fue hallado en el tramo de la carretera Tequisquiapan-Tecozautla.

25 de noviembre: 48 mujeres se encuentran o continúan desaparecidas, la mayoría de las cuales son menores de edad.

Es delicado, por decir lo menos, que se pretenda minimizar la violencia de género cuando en nuestro estado, según el último registro del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), 51% de su población la constituyen mujeres.

Ante esta situación en Querétaro, resulta indispensable tener presente que en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por el asesinato, con lujo de violencia, de tres jóvenes mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en el campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua. La sentencia obliga a la aplicación del Protocolo Alba en todo el país, que consiste en alertar a todas las corporaciones policiacas al mismo tiempo para que actúen de manera coordinada.

Este protocolo consta de tres fases: la primera es la presentación de la denuncia y la toma de muestras de ADN al familiar más cercano a la persona desaparecida, para ingresar de manera inmediata la información a un banco de datos, lo que debe llevar de una a dos horas como máximo.

La segunda consiste en alertar a dependencias municipales, estatales, federales e internacionales así como a organizaciones no gubernamentales y a medios de comunicación para buscar a las extraviadas con familiares y amigos, en escuelas, hospitales, el servicio médico forense y otras dependencias e incluso en el extranjero.

En esta etapa cada parte debe rendir informes al Ministerio Público en un lapso comprendido entre las 12 y 24 horas.

Si la persona no es localizada en ese lapso, se pasa a la tercera fase, la indagatoria a partir de la presunción de un delito.

El factor tiempo, como en todo, se vuelve primordial para poder localizar a las personas reportadas. Es por eso que resulta preocupante que ante una situación tan delicada como la que sucede en nuestro Estado los familiares que acuden a las agencias del Ministerio Público se encuentren con la respuesta de que se debe dejar pasar por lo menos 72 horas para que consideren desaparecido al familiar reportado. Esto denota, por un lado, total falta de sensibilidad, y por otro absoluto incumplimiento a lo establecido en el Protocolo Alba.

En los últimos meses en Querétaro, dos mujeres asesinadas con exceso de violencia y 48 desaparecidas son reflejo de una evidente situación de violencia de género, no debería haber sólo una que sufra por lo anterior; para todas y todos, pero sobre todo para las autoridades, la prioridad debe de ser ¡ni una más!, es por eso que ningún esfuerzo está de más, ninguna medida de precaución debe escatimarse.

Comisionada política nacional del Partido del Trabajo en Querétaro