Más allá de las implicaciones que tendría para las autoridades electorales la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente, si nos centramos en los partidos parecería que la frase que mejor la resume es la que titula esta colaboración: “ni recursos ni representación”. Esas son las implicaciones que tiene la iniciativa para los partidos políticos.
Por ello, ninguno la considera una opción viable.
Empiezo con la reducción al presupuesto ordinario de los partidos políticos. A nadie nos gusta pensar que nuestros impuestos se utilizan para gastos innecesarios y, para la gran mayoría, el financiamiento a los partidos se ubica en esa categoría. No me entusiasma que mis impuestos vayan a parar a las arcas de nuestros partidos, pero considero que es un mal necesario.
El financiamiento público a los partidos garantiza condiciones de equidad en la competencia; la alternancia en México hubiera sido impensable sin ese componente. Si bien mucho ha pasado desde la “legítima, pero no equitativa” elección de 1994, el componente de la equidad tanto en recursos como en acceso a medios es fundamental. Un elemento adicional, el financiamiento público reduce significativamente los “compromisos” de los partidos con grupos de interés —y también, el ingreso de recursos de dudosa procedencia a las campañas—; eso, en sí mismo, debería ser una razón para considerar mantenerlo.
En lo que respecta al número de escaños en el Congreso de la Unión, si bien recortar el número de representantes implicaría una reducción en el costo, esto no sólo no es significativo, sino que tiene implicaciones en la representación de la ciudadanía. Una asamblea más pequeña reduce en automático las expresiones del pluralismo democrático.
Los partidos, por definición, buscan maximizar su utilidad. ¿Qué incentivos tienen para votar a favor de una iniciativa que no sólo los perjudica, sino que, en algunos casos, incluso pone en riesgo su registro? Ninguno. La oposición ya ha expresado claramente su negativa; sus aliados tampoco acompañarán la iniciativa y el presidente lo sabe. Muestra de ello es que el PT presentó su propia propuesta de reforma electoral (el mismo día que se presentó la del presidente) en la que no contempla ninguno de estos dos elementos. Más aún, ¿cómo quedaría la representación —y los recursos— del PT si, en el esquema de 300 escaños mantuviera su proporción del 8.8%? Pasaría de tener 44 escaños a 26, eso sin considerar la desproporcionalidad causada por las magnitudes bajas en función de las diferencias de tamaño de las circunscripciones estatales.
Si la iniciativa no tiene posibilidad alguna de ser aprobada ¿cuál es el objeto de presentarla? Mucho se ha dicho que es, de nueva cuenta, propaganda; una clara estrategia electoral. A la luz de la evidencia, la hipótesis hace sentido. El presidente y su partido quieren “vender” una reducción del costo de las elecciones como estrategia y para ello, desacreditar a quien sea necesario resulta fundamental.
López Obrador, como la regla de oro del sistema de partido hegemónico, nunca acepta una derrota; si pierde, encuentra la forma de revertirlo. Gran prejuicio el pensar que el presidente esperará pacientemente el resultado de la elección y, sea cual sea, lo acatará. Es evidente que, desde hace tiempo, está construyendo la narrativa del fraude electoral. Mal augurio para nuestra muy golpeada democracia.
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