Los 166 restos humanos encontrados la semana pasada en Veracruz dan cuenta del estado de impunidad que se vive en el país. La seguridad pública a cargo de la federación no ha dado resultado ante la ola delincuencial que azota a la sociedad mexicana desde hace algunos años con inusitada fuerza. Los críticos suelen culpar al gobierno federal en turno de la inseguridad, pasando por alto las responsabilidades que emanan de la Constitución en sus artículos 21, 69 tercer párrafo, 73 fracción XXIII, 76 fracción XI y 115, incluso el Transitorio Séptimo de la reforma de 2008, que obliga a crear los Sistemas Estatales de Seguridad Pública en los estados. El Senado de la República, responsable de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, no se hace responsable de nada, salvo criticar.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, los 3 ámbitos de gobierno no coordinaron esfuerzos para hacer un frente común a la delincuencia, a pesar de la obligación constitucional. Las cifras en homicidios dolosos para marzo pasado registraban los 104 mil 674 asesinatos. Sumando las desapariciones de personas, que también son miles, la cifra se incrementa en, al menos, 35 mil más. Ante la falta de evidencias de los cuerpos de las víctimas, se registran como desaparecidas, el ejemplo son los 43. La responsabilidad es compartida en el ámbito de la seguridad pública, por ello, frecuentemente, las autoridades encuentran una salida fácil al deslindar su responsabilidad y culpar a sus partes. Las cifras de homicidios y personas desaparecidas pueden ser mayor. Si bien ningún estado se excluye de la comisión de estos delitos, aquellos con mayor incidencia delictiva siguen siendo Guerrero, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, CDMX y Oaxaca. Resalto, una vez más, la responsabilidad del Senado de la República, los integrantes hacen caso omiso, ignorando su responsabilidad para aprobar y evaluar la estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la “oposición” política siempre se muestra ávida para sancionar y reprobar al gobierno en turno, cuando en realidad son muchos los coparticipes del mal que nos aqueja.

Una denuncia anónima llevó a las autoridades veracruzanas a los restos de 166 personas que fueron sepultadas en una fosa clandestina. Las autoridades de ese estado, de forma prematura adelantaron que los restos humanos tienen más de 2 años, precisamente para deslindarse de la responsabilidad. Por algo el mismo presidente electo cambió radicalmente de opinión cuando pretendía mandar a sus cuarteles a soldados y marinos. En muchos gobiernos estatales y municipales, el enemigo está infiltrado, se viste con uniforme de policía, cobra salario de policía, conoce las estrategias de seguridad pública y actúa delincuencialmente con descarada impunidad. No hay la menor duda que la delincuencia rebasó por mucho la seguridad pública. Las nuevas tácticas tardarán tiempo en implementarse, diseñarse, promoverse y aprobarse por el Senado, en donde no hay ningún experto en esa materia. Los foros para la pacificación no darán la solución al problema, tampoco propondrán una verdadera estrategia para combatir la inseguridad pública, no hay expertos en la materia; la inseguridad no se combate con foros, eso es política. La seguridad pública es para expertos; deben prevenir, disuadir y combatir, no perdonar a los delincuentes. La inseguridad no se combate con buenas intenciones. Tampoco se resuelve por decreto presidencial. Francisco Alfonso Durazo Montaño ha fijado un plazo de al menos 3 años para disminuir la inseguridad, lo cual no puede esperar tanto tiempo; sabe que el problema es serio, por eso pospone a mediano plazo la raquítica solución.

                                                                                                                                                                                                    Analista legislativo. HectorParraRgz

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