Municipio y Derechos Humanos

Carlos de los Cobos

“Justamente las causas en las que creo y que son derrotadas son las que me impulsan, porque gracias a que las defiendo puedo dormir tranquilo”, Benedetti.

Pareciera que los términos control convencional, de la constitucionalidad o bloque de ambas expresiones lingüísticas, son palabras para los entendidos del Derecho y que sólo ellos pueden usarlas como en tiempos romanos, y descalifican el uso que en otra sede puede hacerse de ellas; por ejemplo: en la academia o la administración pública municipal, local o federal.

En el mismo sentido, explicitar tales términos en un Ayuntamiento pareciera un despropósito, ¿cómo una autoridad administrativa de “bajo nivel” puede tocar esos temas, piensan algunos? Ellos deben concretarse a su ley orgánica y lo que les señala “el principio de legalidad” y el artículo 115 constitucional, a lo mucho, ¡caray! Son municipios, dirán otros en tono despectivo.

Estoy de acuerdo como lo plantea el Dr. Marcos del Rosario Rodríguez del TEPJF y la UP en cuanto a sus agudos comentarios sobre el artículo 133 y la supremacía constitucional y la forma de operar ésta. Igualmente, el Dr. Ernesto Rey Cantor en su magnífica obra sobre Control de Convencionalidad de Leyes dejan en claro, ambos juristas, el papel que debe significar, en épocas contemporáneas, este uso del derecho internacional de los derechos humanos en cualquier sede. Ya incluso se resolvió la contradicción de criterios 293/2011, por la SCJN.

Si bien es cierto, la interpretación válida en México es la que lleva a cabo el Poder Judicial de la Federación a través de sus órganos terminales y en su jurisprudencia asentada vía diversos tipos de sentencias: estimatorias, desestimatorias, aditivas, interpretativas y varias combinaciones de ellas, lo cierto es que también una autoridad local puede aplicar, cuidando “no desaplicar o inaplicar” leyes ni ejercer control difuso de la constitucionalidad o convencionalidad, pero sí interpretar la Constitución, las leyes y reglamentos de la forma más favorable al derecho fundamental en cuestión.

Y en ese mismo tenor, tratándose de regulaciones de derechos humanos, las autoridades administrativas como los municipios también deben atender al corpus iuris interamericano, esto es, a convenciones y tratados, opiniones consultivas, resoluciones y extraer los principios y razones elementales para proteger de mejor forma al ciudadano.

Hay quien vive ensimismado y detrás de un escritorio de un poder de “alto nivel” y piensa aún que el Derecho sólo es tarea de entendidos, precisamente, el cambio de paradigma en junio de 2011 revolucionó el Derecho y hoy, como cita el Dr. Carbonell a través de los nuevos métodos de interpretación podemos encontrar la norma más favorable en un tratado internacional o reglamento municipal.

Así, para aquellas personas que consideran insulsa la actividad municipal, estimo que es por desconocimiento de la actividad pública, dado que, finalmente, es el primer contacto que los ciudadanos tienen para acercarse con sus autoridades: registro civil, licencias, pago de impuestos y derechos, servicios municipales, seguridad pública, gobernabilidad y en Querétaro gracias a la visión y liderazgo del Lic. Roberto Loyola Vera quien en una visión de Derechos Humanos ha construido una serie de políticas públicas en beneficio del Municipio, tales como el uso tecnología e internet, el denominado programa Qronéctate, cultura, medio ambiente, deporte, juventud, no discriminación, y género, temas de vanguardia y de urgente resolución en la actualidad.

Lo anterior, es acorde al Programa Nacional de Derechos Humanos 2014, del Lic. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo pasado, en donde se desglosan algunas estrategias y acciones concretas de la administración a partir de un número importante de tratados, convenciones, protocolos, lineamientos y reglas, resoluciones y opiniones consultativas, todas ellas de carácter internacional, para que la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno tutele derechos fundamentales y se modernice.

Por fortuna, el Lic. Loyola y su equipo de trabajo, así como el colegiado en su conjunto han comenzado a transitar por esta ruta.

Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y especialista en justicia constitucional.

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