La tragedia ocurrida en un refugio de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, en la que murieron al menos 39 migrantes de acuerdo con cifras oficiales, evidenció que la promesa de un gobierno “humanista” o “transformador” se quedó en eso, promesa, porque no ha trastocado ni roto las cadenas de complicidad, ha perseguido a las comunidades migrantes desde diciembre de 2018, además de que tampoco ha modificado “las rutas del capital”.
El hecho ocasionará semanas de crisis al gobierno del presidente López Obrador y la “4T”, porque las lamentables pérdidas humanas y los videos que se han obtenido del interior, cuando comienzan las llamas, muestran el tamaño de la tragedia en materia de Derechos Humanos, así como las condiciones en que tenían a las personas.
En términos de Comunicación Política y semiología, la tragedia es simbólica porque es reflejo de la criminalización y ausencia de dignidad con que el gobierno federal ha tratado a una comunidad vulnerable, parte del “pueblo”. Desnuda la negligencia en su actuar.
Por la cantidad de personas que fallecieron, 39, debido a la negligencia y las omisiones en el quehacer público, el hecho se sitúa en el mismo nivel que también están la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 (sexenio de Enrique Peña Nieto); o las muertes de 49 infantes en la guardería “ABC” de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009 (sexenio de Felipe Calderón).
Ahora la responsabilidad y las exigencias van contra la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM); cuando en 2014 las críticas periodísticas fueron hacia el Ejército y la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que la hoy diputada federal Margarita Zavala y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron señalados en junio de 2009.
Casi 14 años después, las complicidades y la simulación no han desaparecido. La expresión y la acusación “crimen de Estado” ha vuelto. Las complicidades y la simulación no se han ido. Ni una mínima dosis de “humanismo” se observó en las conferencias de prensa del Ejecutivo federal posteriores a la tragedia.
“La vileza con que se han negado derechos humanos a las y los migrantes centroamericanos y venezolanos se alimenta del resentimiento acumulado durante décadas por mexicanos que antes fueron igual de maltratados en los Estados Unidos”, publicó el periodista Ricardo Raphael en su columna del jueves 30 de marzo.
Preguntas y cuestionamientos son más que pertinentes. También los análisis rigurosos. Pero sobre todo, poner el foco de atención en el trasfondo, en el cáncer y la corrupción que permanecen en las estructuras económicas, sociales y culturales del quehacer público.
Desde su cuenta personal en “Facebook”, el sociólogo Manuel Alvarado Salazar da una reflexión: “(…) la mayoría de las personas, desde su sentido común, culpará mil veces al gobierno de la barbarie antes de señalar al Capital. De hecho, ya los ves, ahí están buscando a sus chivos expiatorios: entre los funcionarios.
“Sí, las 39 personas asesinadas en Ciudad Juárez estaban a cargo del gobierno. Pero habría que preguntarse por qué estaban ahí, en primer lugar. ¿Qué les hizo desplazarse? ¿Por qué migraban? ¿De qué huían?
“Mientras sigamos atendiendo los síntomas en lugar del cáncer, careceremos de un margen de acción serio. Solamente educándonos y organizándonos podemos dar explicación y solución al infierno que vivimos”.
Periodista y profesor de la UAQ
