Migración, en los hechos

Editorial El Universal

Uno de los temas recurrentes cada vez que hay un relevo en la Presidencia de México es el de la política migratoria. Las nuevas administraciones suelen subrayar la importancia de establecer negociaciones con EU para que los indocumentados mexicanos en ese país cuenten con un marco normativo que respete sus derechos humanos y les permita emplearse de forma legal. Enfatizar la relevancia de este asunto, sin embargo, no significa resolverlo. El problema no es menor: se estima que al menos 30 millones de paisanos viven allá.

Sin embargo, hasta la fecha los resultados han sido desalentadores. Leyes antiinmigrante como la de Arizona o la de Alabama son una muestra de que, por el contrario, existe un retroceso en el diálogo binacional hacia la creación de normas en beneficio de los mexicanos que viajan a Estados Unidos para ganarse la vida. Llama la atención que una de las iniciativas más destacadas en la materia, la Dream Act —con la cual casi 1.7 millones de personas podrían conseguir permisos para laborar legalmente en EU los próximos dos años—, se desarrolló casi unilateralmente por la Casa Blanca. Planteamientos como éste deberían provenir, idealmente, de la parte mexicana, en teoría a quien más preocupa la situación de sus migrantes.

En ese sentido, la propuesta en política migratoria del equipo de transición del presidente electo parece indicar que se ha estudiado el tema y hay disposición de actuar. La iniciativa tiene como eje darle oportunidad a migrantes guatemaltecos de trabajar legalmente en los cuatro estados de la frontera sur de este país, condición que permitiría un diagnóstico más preciso de este fenómeno para así, además de garantizar sus derechos, aprovechar la fuerza laboral que hoy por hoy se desarrolla en la informalidad. Para el necesario refuerzo de seguridad en la frontera sur, propone la iniciativa que se disponga de entre 5 y 8 mil efectivos.

“Después le podríamos decir a Estados Unidos: ‘mira, así funciona’”, explica en estas páginas Arnulfo Valdivia, coordinador de asuntos migratorios de Enrique Peña Nieto. Allí radica la principal fortaleza de esta iniciativa, en que busca presentar argumentos sólidos para exigirle a Estados Unidos la negociación de un pacto migratorio a todas luces beneficioso para ambos países.

No es una cuestión de voluntades, como lo han demostrado administraciones pasadas. Se trata de compromiso para impulsar estos temas hasta que, en los hechos, los migrantes cuenten con mejores condiciones laborales y pleno respeto a sus derechos humanos. Eso sí, el desarrollo económico y la creación de oportunidades en México sería la mejor receta para mitigar este fenómeno.

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