04 / agosto / 2021 | 08:03 hrs.

México, a examen por los derechos de las personas con discapacidad

Lídice Rincón Gallardo

El pasado 3 de octubre, el Comité de Expertos y Expertas que da seguimiento a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo conocer sus Observaciones Finales al informe inicial de país que México presentó a principios de este año para rendir cuentas sobre la protección de los derechos de estas personas. El resultado no es precisamente alentador. Por decirlo de alguna manera, este Comité es la máxima instancia que evalúa la manera en que cada Estado miembro del Sistema de Naciones Unidas da realidad a los contenidos de la referida Convención.

A grandes rasgos, lo que señala la evaluación del informe que rindió el Estado mexicano es que continúa existiendo una brecha entre la protección que la ley demanda para las personas con discapacidad y los contextos reales de desigualdad que ellas todavía experimentan. Lo anterior, fundamentalmente por dos razones: primero, porque no nos hemos imbuido del enfoque social para la atención de la discapacidad que deriva de la Convención y, segundo, porque aún no se han destinado los recursos suficientes para que se logre constituir una auténtica política de Estado que, el día de hoy, otorgue coherencia a las acciones que diversas dependencias de gobierno realizan de manera aislada. Es decir, que no ha cambiado mucho el escenario desde que en 2008 ratificamos la Convención como país. El Comité de Naciones Unidas, por supuesto, no otorga una calificación numérica a cada país, pero es significativo que sólo se califique como positivo el tema del incipiente proceso de armonización legislativa que el Estado ha echado a andar. Y todo lo demás son asignaturas pendientes.

Las Observaciones Finales señalan que todavía el Estado mexicano no ha involucrado de manera plena a la sociedad civil en el Mecanismo nacional de coordinación civil para dar seguimiento a la Convención, tarea que recaería en  la Comisión Nacional de Derechos Humanos según lo designó el Estado mexicano al momento de ratificar la Convención. Este tema es importante de poner en la atención pública, ahora que está pendiente la decisión sobre la continuidad o no de la persona titular de dicha Comisión.

El inventario de asignaturas pendientes es vasto. Pero no quisiera dejar de mencionar una que ha llamado de inmediato la atención de la opinión pública: la preocupación del Comité acerca de que buena parte de los recursos públicos para la atención de la discapacidad se destinan a un ente privado como Teletón, que éste sigue –de manera literal– promoviendo “estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad” y que el Estado no ha hecho lo suficiente para distinguir las tentativas asistencialistas de las obligaciones en lo que se refiere a derechos y libertades de las personas con discapacidad. Esta observación ha generado críticas entre quienes se han beneficiado de la atención –eso si, hay que decirlo también– de vanguardia y de primera categoría que brinda Teletón a niñas y niños con discapacidad y sus familias. Pero creo que tenemos que ser capaces de pensar con calma y ver más allá de lo inmediato. Las iniciativas civiles y de filantropía para la atención de la discapacidad deben seguir existiendo, pero el Estado no puede delegar en éstas  la protección de los derechos que es su obligación garantizar. Teletón puede seguir existiendo –quizá reformando la manera en que visibilizan la situación de niñas y niños con discapacidad, hacia una imagen mas digna y cuidadosa de su intimidad–, pero lo cierto es que necesitamos que el Estado se haga cargo de sus obligaciones en relación con todos los niños y niñas que viven con discapacidad, no sólo los que son cercanos a Teletón. Efectivamente, las Observaciones Finales del Comité de Naciones Unidas señalan la obligación del Estado –todavía no realizada– en el sentido de generar modelos de empoderamiento y participación de las organizaciones civiles a favor de la discapacidad; pero lo que también se señala es que deben diversificarse las instancias civiles con que el gobierno interactúa. No puede canalizarse recurso a una sola instancia, sino que se tienen que generar canales –como el Instituto Nacional de Desarrollo Social o los Programas de fomentos a las iniciativas sociales– que fortalezcan dichas iniciativas civiles en una modalidad no clientelar y sí con mirada de largo plazo. Esto es lo que aún no logramos en materia de discapacidad.

La evaluación que nos hace el Comité que da seguimiento a la Convención puede motivar una visión pesimista sobre el tema de la discapacidad y la manera en que lo hemos afrontado en México, pero también puede convertirse en un catálogo de acciones inmediatas a desarrollar. Por todo lo anterior, no debemos dejar de observar de manera crítica y respetuosa que, para alcanzar los plenos derechos de las personas con discapacidad, debemos tomar como punta de lanza los valores de la generosidad, la tolerancia y la solidaridad.

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