Matrimonio igualitario: obligación y no más una concesión

Lídice Rincón Gallardo

El pasado 13 de junio, la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia como resultado de la acumulación de diversas resoluciones a propósito de amparos interpuestos por personas del mismo sexo a quienes se les negó el matrimonio, en el sentido de declarar inconstitucional cualquier legislación local que caracterice al matrimonio como un contrato civil realizado entre un hombre y una mujer con fines reproductivos. Esta jurisprudencia es resultado del trabajo de la Corte para proteger, a partir del esfuerzo de quienes han luchado por eliminar la discriminación en el ámbito del derecho civil, los derechos de las personas de la diversidad sexual y las familias que integran. De ahora en adelante queda fijado el criterio para que la autoridad judicial resuelva casos similares, obligando a la persona operadora de justicia en cualquier nivel de gobierno o ámbito de acción a abstenerse de realizar cualquier acto que impida la unión civil entre personas del mismo sexo.

Aunque esta sentencia solamente aplica a quienes imparten justicia y todavía hay mucho por hacer para modificar la legislación local que aún resulta discriminatoria para la diversidad sexual, lo cierto es que podemos decir esta conquista es positiva, y no sólo para el colectivo interesado, sino para todos quienes hacemos votos por el cese de la discriminación en nuestro país.

Hace 37 años ocurrió en la Ciudad de México la primera Marcha del Orgullo Homosexual. En aquella ocasión, las pocas personas –se habla de un contingente de menos de cincuenta– que asistieron a una caminata que inicialmente sería por el Paseo de la Reforma, pero que la policía desvío hacia calles secundarias del centro de la ciudad, demandaban simplemente el derecho a existir y a ser reconocidas como parte de la sociedad. Entonces el matrimonio igualitario no era una demanda, porque había algo mucho más esencial que unía a los diversos colectivos: la petición de gozar del mismo derecho a la visibilidad y a no sufrir agresiones a causa de una orientación sexual o una identidad de género no convencionales. Hoy, el panorama ha cambiado, con avances superlativos como el matrimonio igualitario, pero también con algunas manifestaciones de rechazo como, por ejemplo, las opiniones de algunos líderes religiosos que insisten en afirmar que las únicas uniones válidas son las que ocurren entre un hombre y una mujer. Y aunque todos tenemos el derecho a creer lo que consideremos conveniente, e incluso gozamos de la libertad de expresión para difundir esas ideas, ninguna autoridad puede adoptar criterios discriminatorios y, al contrario, ellos y ellas tienen el deber de acatar la ley. A partir de la jurisprudencia de la Corte, el matrimonio igualitario es un mandato y cualquier legislación que lo limite se vuelve anticonstitucional. Lo más seguro es que habrá quien no esté de acuerdo con este avance en materia de justicia –como durante el siglo pasado muchos no estaban de acuerdo en conceder el voto a las mujeres o  en otorgar derechos sociales a los trabajadores–, pero lo cierto es que las luchas por la igualdad han tenido que hacerse a contracorriente de la opinión mayoritaria.

Hace 37 años, cuando aquellos hombres y mujeres salieron a marchar temerosos, dispuestos a recibir insultos y a ser víctimas de agresiones de las que ninguna autoridad les defendería, jamás imaginaron que un día tendrían el respaldo de la Corte; probablemente, ellos y ellas pensaron que pasaría mucho tiempo para que el máximo tribunal del país declarara como inconstitucional cualquier medida que limitara el derecho al matrimonio a causa de la orientación sexual e identidad de género. No obstante, esto ocurrió, y me siento optimista respecto de muchas otras luchas que se ganarán a favor de la diversidad sexual y la no discriminación en general. Aunque el matrimonio igualitario es sólo una de las muchas deudas históricas de justicia que tenemos hacia esta población, no es poca cosa saber que, el día de hoy, la igualdad en este rubro es una obligación y no una concesión que varía con el humor y las filiaciones políticas del gobernante en turno.

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