Hace un par de días, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presumió, por la vía de sus redes sociales, algunos resultados. En específico, afirmó que “en el primer semestre del año alcanzamos una disminución en el delito de robo a negocios. Trabajamos día con día para conseguir estos y otros resultados. #PazYSeguridad”. Seguido al texto, venía una infografía que ubicaba la disminución respectiva en 22% en comparación con la primera mitad de 2019.

No dudo en lo más mínimo que ese dato sea correcto. No dudo que el número de robos a negocios haya disminuido estrepitosamente en la primera mitad. Considerando que muchísimos establecimientos comerciales han estado cerrados desde marzo por la pandemia, ese sería el resultado que uno anticiparía: menos negocios abiertos, menos robos a negocios.

Añádase un efecto adicional: es muy probable que, en estos meses de pandemia, hayan disminuido las denuncias por temor al contagio de las víctimas y porque las agencias del Ministerio Público, como el resto del aparato de justicia, han estado funcionando a medio gas y personal limitado desde marzo.

Pero aquí el problema principal no es que la SSPC haya sido omisa en proporcionar la información de contexto sobre el dato que presentó. Lo que perturba es que considere como noticia digna de presumir el hecho de que hayan disminuido las denuncias de delitos.

Esa es una táctica que repiten funcionarios de instituciones de seguridad y justicia: presumen que la incidencia de tal o cual forma de robo disminuyó o que se redujeron los secuestros o que se moderó la extorsión. Y esto es problemático por varias razones.

La primera y más obvia es que la gigantesca mayoría de los delitos no se denuncia. En la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), la llamada cifra negra (el porcentaje de delitos no denunciados) era 94%. En algunas categorías de robo, el número se ubica en torno a 99%. Entonces, cuando se dice que los delitos denunciados disminuyeron, solo estamos hablando de la punta del iceberg. Idealmente, y considerando que delito no denunciado es delito impune, lo que quisiéramos es que aumentaran las denuncias, no que disminuyeran.

Además no sabemos si, cuando se registra una disminución de los delitos denunciados, hubo una reducción de los delitos o de las denuncias. Lo que acabamos de vivir con la pandemia es un muy buen ejemplo de los problemas para distinguir entre efectos.

Existe un problema más grave. Si desde la cúpula de las instituciones se manda el mensaje de que la disminución de delitos denunciados es algo deseable, se generan todo tipo de incentivos perversos. En primer lugar, se genera la tentación de suprimir la denuncia. Casi todas las personas que han tenido la mala fortuna de asistir a una agencia del Ministerio Público han experimentado los esfuerzos denodados del personal para evitar que las víctimas denuncien. Frases como “¿de veras quiere denunciar? No va a servir de nada” son muy comunes.

Peor aún, se genera un incentivo a maquillar las cifras, tal como quedó demostrado, por ejemplo, con una auditoría que se realizó a las cifras de incidencia delictiva que generó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en 2018. En ese ejercicio, más de la cuarta parte de las carpetas de investigación analizadas estaban mal clasificadas. Eso difícilmente es simple error.

En conclusión, queremos más denuncias, no menos. Queremos cifras que nos acerquen a la realidad, no que nos tranquilicen. Y para eso, necesitamos que, desde el ápice de las instituciones, dejen de hacer lo que hizo la SSPC esta semana: presumir una reducción en el número de denuncias.