Mal y de malas se han de encontrar los ex aspirantes a las candidaturas a las gubernaturas de los estados de Michoacán y Guerrero, a quienes el pasado martes en sesión extraordinaria del INE, se les canceló toda posibilidad de concretar sus aspiraciones políticas por la vía electoral, y pese a los amagos de uno de los principales afectados, se le dio un plazo de 48 horas al partido político Morena para sustituir a quienes habrán de aparecer finalmente en la boleta el 6 de junio próximo.
Los candidatos a gobernadores no fueron los únicos afectados, sino que también se les retiró la candidatura a otros aspirantes a diputados federales bajo la argucia de no haber presentado sus informes de gastos de precampañas. La razón ha sido objetada y calificada de desproporcionada, sin embargo, el retiro de algunas candidaturas, en especial la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, ha sido bien recibida por parte de la opinión pública, pues la fama que precede al candidato ha sido cuestionable por decir lo menos.
En un contexto donde algunos de los órganos constitucionales autónomos se han visto deslegitimados, ya sea por su inoperancia administrativa o a consecuencia de la prédica presidencial, hoy más que nunca el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) debe estar a salvo, pues el costo de la calumnia y descrédito se palpa en un sector del vox populi que confía plenamente en las acusaciones que se han hechos en contra del instituto, al calificarlo de parcial y faccioso, nada más alejado de la realidad.
No perdamos de vista que el INE, otrora IFE, es una de las instituciones que componen al estado mexicano que ha costado más trabajo consolidar, y con excepción de la controvertida elección del 2006, ha sido una de las más eficaces no solo en el ámbito electoral, sino en el registral y de promoción de la participación ciudadana y cultura cívica. Tan solo para el estado de Querétaro, bajo la guía y supervisión de todo el personal que labora para el instituto se tiene el reto de garantizar el derecho al voto de las y los queretanos a través de la instalación de 2 mil 827 mesas directivas de casilla.
Gran parte de la democracia electoral está hecha por todas las personas que de manera libre y voluntaria deciden participar a cambio de nada, con el objeto de “ver que las cosas se hagan bien”, no podemos continuar reforzando la narrativa de acusar al árbitro de ser juez de una parte que no tiene el menor interés de cumplir con la legalidad, aún así sea un reporte financiero de 20 mil pesos, participar en política implica una responsabilidad sobre los alcances de las decisiones y omisiones. Esta semana el INE asestó una tremenda estocada, olé.
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