Marihuana, ¿qué sigue en el Congreso?

Arturo Maximiliano García

No podemos negar que en lo que va del sexenio del presidente Peña Nieto, el Congreso ha tenido votaciones históricas, algunas por iniciativa propia, otras como parte de la agenda legislativa del ejecutivo y algunas incluso por fallos de la Suprema Corte de Justicia.

En el último de los supuestos anteriores, tocó a la Corte a través de su Primera Sala resolver uno de los temas más controvertidos en los últimos años en México, el derecho al autoconsumo de la marihuana.

El acto de autoridad que detonó la intervención del máximo tribunal del país fue una solicitud por parte de integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) ante la Cofepris, para autorizarles el consumo personal de marihuana, misma que fue negada y que sirvió como elemento para ir ante los juzgados donde se dirimiría si quienes se amparaban tenían derecho a consumir marihuana con fines recreativos.

La sentencia declaró la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud, que conforme a su texto prohíben el uso y cultivo con fines recreativos de la marihuana, por lo que se permitirá, sólo a las cuatro personas a quienes fue concedido el amparo, realizar actividades relacionadas con el autoconsumo como lo son: sembrar, cultivar, cosechar, poseer, preparar y transportar marihuana, aclarando que esta sentencia no les permite comercializarla o distribuirla.

Esta fue la manera como un grupo de activistas, le dieron la vuelta al Congreso y al propio Ejecutivo ante quienes habían presentado iniciativas de ley para replantear esta política de libre consumo como una alternativa ante la guerra contra la delincuencia organizada.

Los legisladores federales, señalados como autoridad responsable en el amparo, podrían definir ahora si legalizar el autoconsumo e incluso aprovechar para analizar la legalización de la comercialización, que no fue materia del controversial amparo, pero que pudiera ser valorada como una alternativa de política pública con respecto al combate al narcotráfico, en una guerra donde al día de hoy no parecen funcionar las estrategias de los distintos gobiernos, si es que en algún momento ha habido más de una.

La evaluación de la política pública prohibicionista por parte de SMART, en voz de uno de los amparados, Juan Francisco Torreslanda, es muy interesante y es necesario valorarla con objetividad. Dice que la prohibición para el consumo y la comercialización existente al día de hoy parte de dos supuestos que son, primero, que el gobierno se encargará de que no haya marihuana en toda la faz del territorio mexicano y eventualmente del mundo, o en el segundo caso, que habiendo marihuana ilegalmente comercializada, el Estado será capaz de impedir que la delincuencia venda este producto prohibido. De ninguna de las anteriores han sido capaces las autoridades mexicanas y por eso el planteamiento de cambio de estrategia hecho por los activistas.

Difícilmente podrá el Congreso rehuir al debate y a definir una postura vía la reforma legal, pero sí podrá retrasarlo, esperando a que la decisión de la sala se pueda convertir en jurisprudencia, para que su posición sea más fácil políticamente hablando.

Por lo pronto el PRD, de manera inmediata al fallo de la Primera Sala de la Corte, present ó una iniciativa de reforma de ley para la legalización del consumo de la marihuana con fines terapéutico y recreativos, posicionándose en un tema, pero donde por sí mismo el Partido de la Revolución Democrático no tiene los votos suficientes para lograr la reforma.

Habrá que ver la definición del PRI y del PAN, como fuerzas mayoritarias en ambas Cámaras, con respecto a sus alternativas de tomar o no la decisión de adecuar la ley a la sentencia de la Corte o de plano esperar a hacerlo por haber sido confirmado este criterio vía jurisprudencia. Las elecciones de mediados del próximo año me hace pensar que el tema no avanzará en el plano legislativo en el corto plazo. El precio de legalizar el consumo es incierto para los partidos políticos y no veo al PRI y al PAN jugando a las adivinanzas con este delicado y controvertido tema.

En conclusión, la Corte puso contra la pared al Congreso quien no ha querido entrarle al tema de fondo, obligándolo a replantear posturas y a subir otra vez el tema a la discusión pública y política en momentos donde hacer esta reforma histórica implica cálculos políticos más que sociales.

Abogado con maestría en Políticas Públicas. @maximilianogp

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