Ignorancia, abuso de poder y populismo, verdad manifiesta del Presidente de la República, cuando denuesta la actividad de los jueces, cada vez que el impartidor de justicia se ve en la obligación de liberar a cualquier delincuente por deficiencias del ministerio público. No podemos pasar por alto que más de algún juez es amenazado por el crimen organizado y debe cumplir lo ordenado por el hampa; otros corruptos. El sábado pasado, López Obrador, dijo: “Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los dos, tres días, sale de la cárcel, hasta riéndose, porque los soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal, con la misma excusa, el mismo pretexto, la misma ‘mañosería’ de que estaba mal integrada la averiguación y que no pusieron bien la hora en que se le detuvo al delincuente y eso da pie a que lo dejen en libertad”.
Manifiesta ignorancia cuando se refiere a un juez del Poder Judicial ¿Acaso hay jueces de otro Poder Público? Por supuesto que no, de ahí la “mañosería” presidencial. Muy cierto que los delincuentes, cuando son aprehendidos no deben salir de la cárcel ¿Ello depende del juez de la causa? La autoridad jurisdiccional, fundamentalmente depende de las pruebas que aporte el ministerio público, por ende que éste cumpla cabalmente con los principios de la Constitución, referentes al debido proceso y a los derechos humanos del procesado. Derivado de las reformas al procedimiento penal e imposición de un mismo Código Procesal para toda la República Mexicana, se vinieron los problemas procedimentales; unos laxos (ignorantes), los otros demasiado estrictos (temerosos) ¿Términos medios? En materia de Derecho Penal, no los hay.
Los jueces están obligados a revisar el cumplimiento de todos los principios constitucionales previstos en los artículos 13 al 23, más la observancia a los tratados internacionales. De tal suerte que, si detecta la violación a cualquiera de ellos, procede a decretar la libertad del detenido; está obligado a la revisión minuciosa del procedimiento y las pruebas que aporta el ministerio público, local o federal. El procedimiento garantista trajo la exhaustividad a consecuencia de innumerables quejas del añejo procedimiento acusatorio. Además, los norteamericanos obligaron al gobierno de México, a mimetizar nuestro procedimiento.
Pero, oh sorpresa, nuestras autoridades no aprendieron de un día para otro, mucho menos dejaron atrás los vicios procesales que convalidaban los jueces; muchos inocentes iban a la cárcel por esas razones ¿Acaso no el mismo Presidente ha promovido la ley de amnistía por esas razones? Entonces ¿Por qué se queja? “Mañosería” de López Obrador. En el fuero federal el responsable del ministerio público es Alejandro Gertz Manero, de él depende que se queden o salgan en libertad los delincuentes que son aprehendidos. En los estados son los gobernadores, aunque todos los fiscales gozan de la supuesta “autonomía”.
La raíz del problema que califica López Obrador como “mañosería”, es la ignorancia de autoridades de la procuración de justicia, concatenadas con quienes aplican la ley en observancia a los derechos de los inculpados. Es evidente lo neófito del Presidente, en materia jurisdiccional; sumado al abuso de poder que ejerce al invadir esferas que no son de su competencia; con el reforzamiento de su populismo al ofrecer resolver el embrollo que no está a su alcance. El problema es la rigidez de las leyes y la ignorancia de los hombres en su aplicación. La víctima del delito sigue siendo la sociedad, por la incompetencia de las autoridades.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
