La batalla por revertir la contrarreforma comenzó. Con el apoyo y la valentía de 47 senadores. Los resultados ideales no se conocerán en el corto plazo, pero se dio el primer paso firme. Observamos un resquicio de luz al final del túnel que conduce a los derechos de las audiencias.

Después del ataque consumado por un grupo de diputados, 72 senadores y la Presidencia, que entró en vigor el 1 de noviembre de este año, especialistas y activistas lograron convencer y hacer firmar a 47 senadores —de distintos partidos políticos— para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra las modificaciones en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que vulneran los derechos de las audiencias.

¿Qué implica esto y qué podemos esperar? Vamos por partes. Empecemos por el principio: hubo cambios en una ley federal, contrarios al interés público y a derechos —humanos— que tenemos como audiencias. Estas modificaciones se concretaron entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, respaldadas principalmente por el PRI.

Esto provocó la molestia y la polémica entre especialistas, académicos, la oposición y ciudadanos comprometidos con los derechos de las audiencias. En menos de un mes se ha logrado convencer a legisladores federales y respaldar una acción concreta para hacer frente a estos cambios en el ámbito que se pueden revertir: lo jurídico.

Juntaron el número necesario de legisladores para que firmaran este documento jurídico que se envió e interpuso ante el máximo órgano judicial en México: la Suprema Corte de Justicia. Esto se logró en menos de un mes, situación que es de aplaudir. El mosaico partidista de senadores que firmaron esta acción es amplio: incluye desde el PAN (la queretana Marcela Torres Peimbert entre los de este partido) hasta el PRD y Morena.

El documento jurídico —y recurso para dar batalla— es una acción de inconstitucionalidad, es decir, se argumenta que las modificaciones van en contra de artículos de la Constitución (máxima ley del país) y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cumple la formalidad requerida y ahora hay que fijarnos en la cuestión de los tiempos, porque triunfo todavía no es.

La Corte tiene en su cancha la decisión. Primero está el plazo para admitir o ‘recibir’ la acción de inconstitucionalidad. En caso de que así lo hiciera, entonces después se tiene que analizar y emitir una decisión-resolución al respecto. Esto puede tardar aproximadamente un año, de acuerdo con lo que han señalado los especialistas. Es decir, en cuanto a plazos de tiempo los concesionarios de medios comerciales y los grandes intereses económicos pueden salirse con la suya.

Sin embargo, el contexto y el escenario nos recuerdan, una vez más, a lo que se vivió en el proceso electoral de 2006 y que culminó con el fallo de la Corte de echar abajo los cambios conocidos como “Ley Televisa I” en 2007, gracias a la lucha de los entonces senadores Javier Corral y Manuel Bartlett, etc.

Por antecedentes que existen, el panorama permite sonreír discretamente porque la Corte ha decidido a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información, artículos que están limitados y atacados en los cambios realizados por el Congreso de la Unión al apartado “derechos de las audiencias” de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Mientras, nuestra labor y responsabilidad como ciudadanos debería ser dar a conocer la importancia de esta acción de inconstitucionalidad y ejercer presión para que la Corte pudiese dar entrada a la acción y deliberar a la brevedad posible. El interés público lo exige.

Regular publicidad oficial, otro avance. En un asunto también jurídico pero que se concretó días antes, el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de regular la publicidad oficial en todo el país, gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Esto debería fortalecer el derecho a la información.

La fecha límite marcada por la Corte es abril de 2018. Esto resulta por demás interesante porque los concesionarios de los medios y más de un político o gobernante a nivel nacional no quieren ver minado el negocio que han realizado por décadas a costa del erario.

Además, se junta con el proceso electoral 2017-2018. Habrá que exigirles pronunciamientos claros y acciones concretas a favor del derecho a la información y las audiencias a los diputados federales, sobre todo de las comisiones a las que competería esta decisión.

Por ejemplo, la de Radio y Televisión, o Radio y Televisión y Cinematografía en el Senado. Ahí están Gerardo Cuanalo Santos y Marcela Torres Peimbert, legisladores a quienes los ciudadanos de Querétaro podríamos dar ‘marcaje personal’ para que su sentido del voto e intervenciones sean acorde al interés público y de las audiencias.