Ayer circuló en varios medios de comunicación y redes sociales, un hecho lamentable y reprobable. Me refiero a la muerte de la periodista Lourdes Maldonado, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

El hecho ha causado asombro e indignación, porque además de ser lamentable, existe un antecedente de hace tres años, donde la misma periodista solicitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su apoyo para resolver un problema privado con una demanda laboral que, en ese entonces, había interpuesto contra un medio de comunicación que estaba bajo la dirección de Jaime Bonilla, en esos tiempos, gobernador del estado por el partido Morena.

En ese momento, la periodista manifestó abiertamente el miedo por su vida y la necesidad de protección ante las constantes amenazas que recibía de dicho personaje.

Hoy su muerte está en boca de todas las personas y ha despertado un nuevo resentimiento por parte del gremio periodístico hacia la inacción del gobierno. Casi en automático, el presidente se desvinculó del asunto y precisó en su mañanera que el caso por el que la periodista solicitó su apoyo era diferente a la causa de muerte, misma que aún está siendo investigada; sin embargo, lo que no ve o no quiere reconocer el titular del Ejecutivo federal, es que en México persiste el miedo y las amenazas en contra del periodismo.

Nuestro país sigue siendo uno de los países donde ser periodista es una de las profesiones más peligrosas.

De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha se han registrado alrededor de 148 asesinatos de periodistas en México, de los cuales 28 se han presentado en el sexenio del actual presidente, es decir, casi uno por cada mes que transcurre.

Frente a ello, desde el 2012 se emitió la “Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, cuyo objetivo es establecer mecanismos de protección para personas que se dediquen a ese tipo de actividades; sin embargo, los resultados de esta legislación, así como de las organizaciones que establece para tal efecto, no han rendido los frutos esperados, y es en parte porque la Ley está diseñada para que sea la autoridad federal quien brinde la protección solicitada, misma que desafortunadamente constituye, a veces, el eslabón más distante en la cadena de gobierno.

En este sentido, los ataques a la libertad de expresión y la censura forzada son cotidianos en el ámbito local y regional, amparados muchas veces por el cobijo del poder. Por ello, casos reprobables como lo sucedido con la periodista Lourdes Maldonado, son situaciones graves que no pueden persistir ni mucho menos tolerarse. Minimizar estas atrocidades es casi como ser cómplice de ellas. Es tiempo que las autoridades, desde los tres niveles de gobierno, establezcan mecanismos adecuados para garantizar el libre ejercicio del periodismo y la investigación.

Por lo pronto, debemos hacer un análisis retrospectivo y preguntarnos: ¿cómo robustecer la protección para el periodismo?, ¿Cómo garantizar que quien se dedique a esta importante labor lo haga con plena seguridad y libertad?, ¿Cómo deben responder las autoridades ante casos como el que hoy se comenta?

Es una necesidad y una prioridad.