La centralización del gobierno que propone Andrés Manuel López Obrador va a crear dependencias y funcionarios superpoderosos cuya responsabilidad e injerencia dentro de la administración pública va a ser muy grande.

El secretario de Hacienda, por ejemplo, va a tener en sus manos todas las compras de gobierno de la administración federal, las cuales el año pasado sumaron unos 585 mil millones de pesos. Carlos Urzúa va a decidir a qué empresas y en qué cantidades se adquirirán los bienes y servicios de todas las dependencias públicas del gobierno federal. A través de la Oficialía Mayor y tras la aprobación del subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, van a decidirse las licitaciones y adjudicaciones de contratos.

¿Es una buena decisión consolidar las compras del gobierno federal? Desde el punto de vista económico y de combate a la corrupción parece acertada, luego de que en 2017 cerca de 80% de los contratos públicos se otorgaron mediante una adjudicación directa, lo cual abre la puerta a suspicacias sobre una posible colusión entre empresas y funcionarios públicos. Este mecanismo, además, prevé detonar ahorros como ha sucedido en la compra de medicamentos por parte del IMSS y el ISSSTE.

El gran problema serán los cuellos de botella que podrían generarse al concentrar en una sola dependencia todas las compras del gobierno federal. Una falla en la plataforma digital “tipo Amazon” que planea echar a andar el nuevo gobierno para emitir las licitaciones y procesar los pagos de los ganadores de los contratos podría ocasionar un auténtico caos en la administración federal.

El futuro vocero del Presidente, César Yáñez, tendrá a su cargo el presupuesto de Comunicación Social de todo el gobierno federal. Si se reduce a la mitad el gasto en publicidad, como se anunció, Yáñez dispondrá de unos 4 mil millones de pesos para dar a conocer las actividades y programas de la administración federal. Decidirá él, con la venia del titular del Ejecutivo, a quién sí y a quién no, dónde sí y dónde no publicitarse. No habrá intermediarios.

La lógica de desaparecer las oficinas de Comunicación Social de las dependencias es generar ahorros y atacar los supuestos acuerdos “bajo el agua”, pero, ¿también significará la unificación del mensaje del Ejecutivo vía las secretarías de Estado y los demás organismos de gobierno? Es decir, el control total de la comunicación gubernamental.

Alfonso Romo, quien se convertirá en jefe de la Oficina de la Presidencia, tendrá a su vez el control de la agenda y las reuniones privadas del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuánta injerencia y poder va a tener quien fungirá como una suerte de jefe de gabinete en el nuevo gobierno? Aún está por verse, pero muy probablemente será el coordinador de todas las relaciones con los grupos de poder, por ejemplo, con los empresarios. El gran mérito de Romo fue tender puentes entre la iniciativa privada y el entonces candidato de la coalición encabezada por Morena, así como apaciguar a los mercados financieros ante el inminente triunfo de AMLO. En esa tarea lo acompañó Carlos Urzúa, el virtual secretario de Hacienda.

El gran poder que encarnarán estos personajes, junto con otros secretarios de Estado clave en la administración pública y en la agenda económica, como Javier Jiménez Espriú, al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Rocío Nahle, en Energía; Marcelo Ebrard en la Cancillería;Jesús Seade, en la renegociación del TLCAN; Graciela Márquez, en Economía, y Olga Sánchez Cordero en Gobernación ha comenzado a generar ciertas fricciones.

Alfonso Romo, a quien en el equipo cercano a AMLO ven como un outsider, es uno de los personajes que podrían enfrentar el llamado fuego amigo, sobre todo de los más radicales del futuro gabinete.

El discurso en entrevistas a los medios no ha caído muy bien entre los más duros del equipo de AMLO. Principalmente porque se ha posicionado en torno a temas controvertidos como la descentralización del gobierno (“no será en el corto plazo”), el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (“se van a respetar los contratos”) y la posible integración de Santiago Levy (un neoliberal) al gobierno (“si lo invitamos”), lo cual ha generado resistencias de algunos de los otros hombres cercanos al virtual presidente electo.

Ojalá que la concentración de poder en unos cuantos funcionarios del nuevo gobierno no genere también una lucha de egos, sobre todo porque todavía faltan más de cuatro meses para que inicie formalmente la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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