Luis Bernardo Nava, en campaña prometió que no sería “tapadera de nadie”; después anunció que revisarían los contratos que se suscribieron en la administración de su antecesor, para verificar la legalidad de los mismos. A poco más de una semana del nuevo gobierno que arribó sumamente cuestionado por aquello del “fallo” judicial de la Sala regional de Monterrey, así como por la campaña política que ilegalmente promocionó en redes sociales el ex presidente interino Enrique Correa Sada, como el rumor del rebase de los topes de campaña, entre otros; todo ello obliga a Luis Bernardo Nava, a limpiar los malos antecedentes que cuestionan y empañan el comienzo de su administración. Más aún cuando el tan cuestionado Correa Sada, fue nombrado Secretario de Servicios Públicos Municipales de su gabinete.
Se cuestionan las concesiones otorgadas por medio de contratos, aunque habría que reconocer que fueron aprobadas por los sumisos regidores, mas no por ello las dudas se disipan; por el contrario, crece más la incertidumbre sobre la confiabilidad de aquellos que todo le aprobaron y nunca lo cuestionaron; la oposición fue sumisa y callada; su planilla de regidores pasó inadvertida, se sobrepuso la soberbia y autoritarismo del hoy legislador federal. El Presidente Municipal, Luis Bernardo, anunció que los contratos serían revisados y la pregunta saltó de inmediato: ¿Quién y cuándo revisará esos contratos? Por aquello de la falta de certeza; uno, por el conocimiento que debe tener quien los revise, y dos, no sea gente subordinada a la administración municipal. Los contratos tienen ser revisados por un “tercero”, que garantice imparcialidad, honestidad. ¿Que los revise Enrique Correa Sada? ¡Claro que no! Además de que no sabe de contratos, es parte directa interesada en el asunto. Los panistas deben estar preparando el terreno para la próxima contienda electoral y ellos son los más interesados en limpiar el camino, despejarlo de cualquier duda que exista sobre la inexistencia de corrupción en la pasada administración municipal; sea investigando a los presuntos implicados en hechos irregulares; o bien, sentar el precedente castigando (previa defensa) a los responsables de los excesos y abusos que están a flor de piel ciudadana. Vamos, si su pretensión es ganar las próximas elecciones.
Muchos panistas dudan de la honestidad de la pasada administración y la cuestionan. Gran parte de los capitalinos aseguran que hubo actos evidentes de corrupción. Sin embargo, en tanto no haya pruebas que evidencien a los responsables, solo son especulaciones. Por ello es necesario que la administración de Luis Bernardo, despeje esas interrogantes. Hay otras dos instancias que podrían hacerlo por medio de auditorías; el propio órgano de control interno del municipio, dudo que lo haga; y la Entidad Superior de Fiscalización, cuyo titular puso en evidencia a Marcos Aguilar Vega, cuando este mintió sobre la deuda pública del municipio, al asegurar que había sido pagada, en tanto que Rafael Casillo, aseguró que sí hay deuda pública del municipio; otros más aportaron pruebas documentales de presuntos actos de corrupción. Los queretanos se merecen la verdad de lo que sucedió con tanta abusiva concesión a particulares, como la recolección de la basura, las bicicletas, las lámparas de alumbrado público, cambios de uso de suelo, exceso de trámites para lograr el refrendo de licencias municipales, las “casetas” tipo “Dubái”, la creación de las ciclovías, etcétera; y todo aquello que no se ve, como lo de los aviadores y liquidaciones excesivas antes de tiempo. De ahí la necesidad de que aclaren las dudas, de lo contrario, esos presuntos actos ilícitos quedarán sembrados y serán cosechados en las próximas elecciones por los oponentes naturales. La sociedad está cansada de tanta corrupción e impunidad.
