Hace unos días Gerardo Ángeles, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura, comentó que está en espera de conocer la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la llamada “Ley Garrote”.

Esa modificación al Código Penal del Estado de Querétaro, que supuestamente tiene la intención de sancionar a quienes no respeten las disposiciones sanitarias en caso del Covid-19, incluyó la modificación de los artículos 287, 288 y 289, que aumentan las penas de prisión a quienes impidan o se opongan físicamente a la ejecución de una obra o trabajo público.

La CNDH consideró que estas reformas violentan varios derechos y libertades de las personas, “particularmente, los de seguridad jurídica, libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de tránsito, así como los principios de legalidad, taxatividad y de mínima intervención del derecho penal”.

Resulta interesante que la LIX Legislatura de Querétaro insistiera en la aprobación de esta reforma, especialmente cuando el Ejecutivo estatal se negó a publicarla en las condiciones en las que le fue enviada. Sin embargo las y los legisladores queretanos se montaron en su macho y lograron la publicación y entrada en vigor de dicha iniciativa. Aun así, dice el diputado Gerardo Ángeles que “la legislatura queretana es respetuosa de los derechos humanos” y que por eso los miembros de su bancada propusieron una nueva reforma al artículo 289 que no violente los derechos de terceros.

La bancada del PAN se ha opuesto de manera sistemática a las reformas que protegen los derechos humanos como es el derecho al agua, al libre tránsito y a la identidad. En una investigación que realizaron organizaciones de la sociedad civil de la mano de la Universidad Autónoma de Querétaro se determinó que hay en la “congeladora” más de 70 iniciativas de ley, la mayoría relacionadas con la garantía y protección de los derechos humanos que demanda la Constitución y detenidas en las comisiones que preside ese partido.

Un caso emblemático es la iniciativa que reforma el artículo 137 del Código Civil, que limita el matrimonio en Querétaro a personas heterosexuales y que fue señalada como inconstitucional y violatoria de los derechos humanos desde 2015. La iniciativa de ley en materia de matrimonio igualitario se encuentra detenida desde 2018 en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que preside Verónica Hernández quien se ha negado a dictaminarla porque “no es una prioridad para la sociedad Queretana.”

Los y las legisladoras tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y de armonizar las normas locales con los tratados internacionales.

Es obvio por las declaraciones de Gerardo Ángeles que cumplir con el mandato Constitucional no es prioridad ni para su bancada ni para el séquito de partidos satélite que siempre les acompañan.

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